El 17 de abril se cumplieron cinco años del comienzo de las protestas antigubernamentales en Nicaragua que dejaron más de 300 muertos, decenas de heridos y detenidos y desencadenaron una de las peores crisis en el continente de las últimas décadas, sin que se avizore una salida, dijeron analistas consultados por la Voz de América.
El país centroamericano ha captado atención internacional por reportes de violaciones a derechos humanos, y casi medio millón de nicaragüenses han emigrado al vecino Costa Rica y otros países de la región, muchos huyendo del gobierno de Daniel Ortega. Desde 2018, más de 350 nicaragüenses han sido asesinados por grupos paramilitares, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ortega ha radicalizado su postura ante la comunidad internacional, que le ha demandado el cese a la represión, y ha respondido aún más agresivo, según analistas. Ha expulsado al representante del Vaticano en Managua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y ha retirado el beneplácito a los diplomáticos Hugo Rodríguez, propuesto por el presidente Joe Biden como embajador en Nicaragua, y al nuevo embajador de la Unión Europea Fernando Ponz.
El excandidato presidencial y ex preso político nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, quien se encuentra exiliado en EEUU, asegura que las demandas iniciadas en las protestas de 2018 "continúan más vigentes después de todo lo que ha pasado".
"Hay más razones ahora para continuar en esta lucha. Seguimos en un país cárcel. La violación a todos los derechos es flagrante. Se ha recrudecido la represión en todas sus formas y, sobre todo, una cosa muy importante, son los asesinados, los crímenes cometidos", indicó Chamorro en una reunión en el Wilson Center, un centro de pensamiento en Washington, para analizar la situación en Nicaragua.
Chamorro valora que organismos internacionales, particularmente Naciones Unidas, han comenzado a hablar de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, y eso va a llevar a Ortega y a su círculo "inexorablemente a la justicia internacional".
Comunidad internacional debe reevaluar estrategias
Expertos reunidos en el Wilson Center resaltaron que la comunidad internacional debe reevaluar las estrategias para presionar al gobierno de Ortega.
Benjamin Gedan, director del programa latinoamericano del Wilson Center, resaltó que es momento de “volver a prestar atención a las consecuencias del autoritarismo en Nicaragua”.
Nicaragua es el segundo país más pobre del hemisferio occidental. La inflación continúa en aumento y afecta los servicios, dando paso a la inseguridad alimentaria, indicaron los expertos en el Wilson Center.
“Ortega ha tratado de culparnos esencialmente por todos sus problemas, alegando que la CIA se esconde en las sombras. Si bien Moscú, La Habana o Beijing podrían haberlos alentado a jugar esa carta falsa, la buena gente de Nicaragua no es tan crédula”, señaló el embajador Mark Green, presidente del Wilson Center.
Los intereses estadounidenses particularmente se enfocan en la relación que Nicaragua busca fortalecer con Rusia, China e Irán, según los expertos. Felix Maradiaga, ex candidato presidencial en Nicaragua y ex preso político, aseguró que Ortega "sigue viendo en China, Rusia e Irán los patrocinadores de su sentimiento antiestadounidense”.
Pero a nivel económico, EEUU continúa siendo el principal socio comercial de Nicaragua. Cerca del 60% del total de las exportaciones nicaragüenses van a EEUU. Las exportaciones de textiles nicaragüenses a EEUU, que en 2006 apenas alcanzaban 879 millones, representaron 1.996 millones en 2021, según datos de la embajada de EEUU en Managua. Las exportaciones de oro a EEUU en 2021 sumaron unos 942 millones de dólares, mientras que las de café alcanzaron los 235 millones de dólares.
De enero a julio de 2022, las exportaciones nicaragüenses a EEUU en total alcanzaron los 2.529 millones de dólares, reflejando un crecimiento interanual de un 16.35% respecto al mismo período del 2021, según datos del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex).
Las relaciones económicas de Nicaragua suponen un interés de seguridad nacional para EEUU, dijo Eddie Acevedo, asesor senior del presidente del Wilson Center y experto en asuntos latinoamericanos.
Según Acevedo, Washington debe poner a Nicaragua en su foco por el impacto en el comercio.
“Estados Unidos tiene el Tratado de Libre Comercio de América Central. Nicaragua en este momento es el único país con el que Estados Unidos tiene un déficit comercial”, apuntó Acevedo.
El DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y EEUU), busca la creación de una zona de libre comercio entre los países firmantes. El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua forman parte del tratado y gozan de beneficios arancelarios.
EEUU ha impuesto sanciones que incluyen la cancelación de visas y la congelación de activos en EEUU al círculo cercano al presidente Daniel Ortega y a algunas entidades nicaragüenses señaladas de cometer abusos a los derechos humanos, entre ellas la Policía Nacional y la empresa Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP).
El expresidente de Colombia, Iván Duque, dijo en el encuentro en el Wilson Center que las sanciones contra el gobierno de Nicaragua se deben seguir aplicando aunque no son “las que tumban régimenes”, pero demuestran “consistencia y congruencia para decir que hay conductas que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional”, agregó.
Duque hizo un llamado para “avanzar” una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Rosario Murillo y Ortega “por la violación sistemática de los derechos humanos, por los crímenes de lesa humanidad”. Es necesario que la denuncia sea respaldada por líderes mundiales y la comunidad internacional, agregó el expresidente.
Persecución de Ortega a la Iglesia
Los ataques a la libertad religiosa en Nicaragua, que empezaron desde el estallido social de 2018, se han intensificado, dijo Stephen Schneck, comisionado de EEUU para Libertad Religiosa.
“El gobierno de Nicaragua incrementó su patrón de hostigamiento contra la Iglesia Católica con acciones que traspasaron un umbral de severidad nunca antes visto", dijo Schneck. "Los abusos a los derechos humanos del gobierno de Nicaragua han afectado todo el progreso de la sociedad, especialmente de aquellos que buscan practicar y expresar su fe”, agregó.
El obispo Rolando Alvarez, crítico a las acciones del gobierno, está preso en Nicaragua, condenado a más de 26 años de prisión por cargos de conspiración, propagación de noticias falsas y desacato a la autoridad, entre otros, considerados "falsos" por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, y otros organismos de derechos humanos.
Recientemente Ortega prohibió las celebraciones por Semana Santa, suspendió procesiones y detuvo a una veintena de feligreses que intentaron desafiar las restricciones.
Durante los últimos cinco años, los analistas han identificado “diferentes niveles de represión” por parte del gobierno de Ortega, apuntó Fiorella Melzi, coordinadora de monitoreo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero más recientemente están viendo "un cierre completo de la participación en espacios seguros".
"Lo que vimos hace un par de semanas con la detención de personas por integración religiosa, en contra de la libertad de religión. Nos muestra que la situación está empeorando”, concluyó Melzi.
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