Ser líder social y defender los derechos humanos en Colombia sigue siendo una labor altamente peligrosa, en las primeras semanas de 2024 ya han sido asesinados ocho líderes sociales en el país.
Fidel Antonio Hernández, reconocido líder social del municipio de Apartadó, en el departamento de Antioquia, e Higidio Bastos Marín, miembro de la junta de acción comunal ASOJUNTAS y expresidente de la Junta de Acción Comunal del centro poblado de Puente Tabla, en la vereda de Bajo Cusay II del municipio de Tame, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, fueron asesinados en las últimas 24 horas.
Fidel Hernández era miembro de la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa María y miembro activo del Pacto Histórico, el partido de gobierno en Colombia. En el lugar donde fue asesinado hay presencia del Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas locales.
Por su parte, Higidio Basto fue asesinado por sicarios cuando se encontraba en una estación de servicio, informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que mencionó que la zona de Tame cuenta con la presencia de las guerrillas del ELN y el Estado Mayor Central (EMC).
En el departamento de Antioquia se han cometido cuatro de los ocho asesinatos que se han documentado en el primer mes de 2024, de acuerdo con los recuentos de Indepaz, que advierte que a pesar de que las cifras han venido descendiendo, los esfuerzos por reducir los casos no van a funcionar si las estrategias no se hacen de manera conjunta con todas las instituciones.
“Ya estamos a 18 de enero y cada dos días se comete un asesinato de un líder social, entonces lo que hay que evaluar es si realmente las políticas de seguridad y de paz están dando frutos para proteger la vida no solo de los líderes sociales, sino de la comunidad en general”, dijo a la Voz de América Leonardo González, director de Indepaz.
En su reciente informe trimestral sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, publicado el 11 de enero, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitó al gobierno colombiano “redoblar” sus esfuerzos en la protección de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.
En las regiones donde más se reportan líderes sociales y defensoras de derechos humanos asesinados, operan las disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y bandas criminales como el Clan del Golfo, que se disputan el control del territorio y los corredores de la droga.
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