La fiscalía venezolana dijo el viernes que solicitó la extradición del exviceministro de energía eléctrica, Nervis Villalobos, y que inició un nuevo proceso contra el exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, por su presunta vinculación a un caso de corrupción.
La investigación se inició luego de que el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, solicitó en agosto al Ministerio Público indagar sobre acuerdos financieros que datan del 2012 con una empresa llamada Atlantic.
Ramírez y Villalobos solicitaron a la compañía Atlantic un financiamiento en bolívares pagado en dólares por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en momentos que en el país había un control de cambio. Los fondos en moneda local nunca entraron a las arcas de la petrolera, generando un daño a PDVSA de unos 5.000 millones de dólares, según la denuncia de la Fiscalía.
"Hemos solicitado el inicio del proceso de extradición, nuevos procesos de extradición contra el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, por el caso Operación Atlantic (...) También contra Nervis Villalobos", dijo el fiscal general, Tarek Saab, en una declaración en la televisión oficial.
La solicitud de la Fiscalía es tramitada ante los tribunales venezolanos y luego por el Tribunal Supremo antes de llegar a la cancillería, que es la que comunica la petición a Italia y a España, donde están radicados Ramírez y Villalobos.
Ramírez, quien también fue presidente de la petrolera estatal, había dicho a Reuters en agosto que las acusaciones de El Aissami eran "completamente falsas" y que las pruebas de todas las transacciones financieras durante su mandato fueron auditadas.
Reuters no pudo contactar de inmediato a Villalobos.
Por el caso fue detenido recientemente el exvicepresidente de Finanzas de PDVSA, Víctor Aular.
El fiscal agregó que la solicitud respecto de Ramírez es por el nuevo proceso de Atlantic. Ya Italia negó en enero pasado una petición anterior contra Ramírez por otro caso.
En 2017 un familiar de Ramírez, Diego Salazar, fue detenido en Caracas después que la autoridad financiera de Andorra intervino la Banca Privada de Andorra (BPA) a raíz de una denuncia de Estados Unidos por presuntas malas prácticas, que involucran el lavado de unos 4.200 millones de dólares de fondos de Venezuela.
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