Un tribunal civil costarricense condenó el martes al arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós, y a dos instancias de la Iglesia católica a pagar 65 millones de colones (100.000 dólares) por el “daño moral” ocasionado a las víctimas de un caso de abuso sexual en el que fue condenado un sacerdote hace más de cinco meses.
El padre Mauricio Víquez Lizano fue condenado en marzo a 20 años de prisión por los delitos de violación agravada y abuso sexual en un caso que se remonta a 2002, cuando -según se expuso en los tribunales— el entonces sacerdote abusó de un niño de 11 años de edad cuando estaba a cargo de una parroquia en la localidad de Patarrá de Desamparados, al sur de la capital de Costa Rica.
El abogado de los denunciantes, Rodolfo Alvarado, comunicó en la jornada que la sentencia del Tribunal Colegiado Civil de San José es contra monseñor Quirós, la Conferencia Episcopal de Costa Rica y las Temporalidades de la Iglesia Católica, que es una figura jurídica bajo la cual la Iglesia tiene sus bienes registrados. Además de los 65 millones de colones, los condenados tendrán que pagar 10,5 millones de colones más (16.600 dólares) en intereses y las costas del juicio.
“Realmente es un fallo inédito que recoge la justicia costarricense, ejemplar, en donde viene precisamente a indicar las responsabilidades que tiene la Iglesia católica, que supo desde 2002 que acontecían estos hechos y que nunca realizó absolutamente nada para detenerlos”, dijo Alvarado.
La Iglesia Católica indicó en un comunicado que apelará el fallo del tribunal.
“Ante la Sala (Primera de la Corte Suprema de Justicia) reiteraremos la existencia de la prescripción y pediremos... la correcta aplicación del derecho”, indicó. “Tal como hemos indicado desde el inicio del juicio, confiamos plenamente en el sistema judicial y en los jueces costarricenses, y acataremos lo que se resuelva en sentencia final”, agregó.
Víquez fue vocero de la Iglesia Católica en temas de familia y huyó del país en 2018 al conocer las acusaciones en su contra. Se escondió en la localidad de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, donde fue capturado y posteriormente extraditado a Costa Rica en 2021 para enfrentar el juicio. En 2019 la Iglesia dictó su expulsión del clero.
Además de la acusación penal contra Víquez, las víctimas del exsacerdote plantearon una querella civil contra la Iglesia y el arzobispo Quirós, quien por esta acusación no pudo asistir en 2019 al encuentro convocado por el papa Francisco para tratar precisamente el tema de los abusos sexuales.
La defensa de Víquez insistió en la prescripción de los hechos denunciados por las víctimas. Este caso, sin embargo, motivó que en 2018 se reformara la ley para ampliar el plazo de prescripción de los delitos de abuso a menores de 10 a 25 años en la nación centroamericana.
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