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¿Por qué los estadounidenses votarán en mapas de distrito rechazados por los tribunales?


Carteles dirigidos a los votantes en un colegio electoral de Cobb County, en Marietta, Georgia, para una votación temprana, el 17 de octubre de 2022.
Carteles dirigidos a los votantes en un colegio electoral de Cobb County, en Marietta, Georgia, para una votación temprana, el 17 de octubre de 2022.

Un poco conocido concepto legal que dice que los jueces deben evitar cambiar las reglas de votación al aproximarse una elección.

Cuando las elecciones de medio término de Estados Unidos se celebren en noviembre, los votantes en varios estados controlados por los republicanos tendrán que ejercer su voto en distritos congresionales cuyos límites han sido rechazados por las cortes.

En Alabama, Georgia, Luisiana y Ohio, los mapas congresionales fueron trazados por legisladores republicanos después del censo de 2020. Los jueces determinaron más tarde que fueron ilegalmente trazados o que posiblemente, a la postre, se demostrará que son ilegales en las cortes.

Sin embargo, la Corte Suprema y otras cortes federales que siguieron su precedente han permitido que los mapas rechazados se usen en esta elección y descartado propuestas para hacerlos más justos.

¿El razonamiento? Un poco conocido concepto legal que dice que los jueces deben evitar cambiar las reglas de votación cuando se aproxima una elección, porque eso podría conducir al caos y la confusión y alejar a los votantes de las urnas.

Conocido como el “principio de Purcell”, el concepto surgió de un caso de la Corte Suprema en 2006 conocido como Purcell Vs Gonzalez, que implicaba un desafío legal a los requisitos de identificación del votante en Arizona. Fue una elección de medio término y la Corte Suprema descartó la demanda.

En los 16 años transcurridos desde ese fallo, el “principio de Purcell” se ha convertido en lo que el magistrado de la Corte Suprema Brett Kavanaugh ha llamado “el elemento central de la ley electoral”.

Eso significa que los magistrados deben abstenerse emitir órdenes judiciales que alteren las normas de votación vigentes y así ha sucedido. En 2020, la Corte Suprema bloqueó cambios que buscaban facilitar que los electores pudieran votar durante la pandemia del COVID-19.

Los críticos afirman que esto prioriza la administración de elecciones antes que la protección del derecho al voto. Los republicanos han defendido sus mapas.

Hans von Spakovsky, un exfuncionario de la conservadora Heritage Foundation, dice que el "principio de Purcell" es una “buena regla” con un propósito importante.

"Cualquiera que tenga un problema con una ley o regulación [electoral] tiene tiempo suficiente antes de la elección para presentar una demanda”, expresó von Spakovsky.

¿Qué es el 'gerrymandering'?
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Los distritos se retrazan cada década

Los mapas congresionales disputados en los cuatro estados son considerados "manipulados", un vocablo con orígenes en la política de Estados Unidos de principios del siglo XIX.

Cada 10 años, siguiendo un censo constitucionalmente obligatorio, los estados de EEUU retrazan sus mapas congresionales y legislativos para reflejar los cambios en su electorado.

La manipulación ocurre cuando los mapas de distritos electorales se retrazan para ganancias electorales, por ejemplo, agrupar a todos los votantes de la oposición en un solo distrito para reducir su influencia en otros.

La práctica es legal en la mayoría de los estados y la siguen por igual demócratas y republicanos. Pero cuando un mapa flagrantemente favorece a un grupo sobre otro, puede violar leyes estatales y federales.

La Ley de Derechos de Votación de 1965 prohíbe la discriminación racial de los votantes. Bajo la ley, los electores pueden buscar ayuda judicial si consideran que una práctica o procedimiento electoral, como un nuevo mapa, restringe su derecho al voto.

Bajo la Ley de Derechos de Votación, los demandantes pueden presentar también denuncias de “Atenuación de voto”, que ocurre cuando votantes de minorías no pueden elegir a su candidato preferido por culpa de la manipulación.

Esto es parte de lo que reclama la demanda legal contra los mapas congresionales en Alabama, Georgia y Luisiana.

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