Este martes, se espera un fallo de última instancia en referencia a la demanda que presentó el presidente de Ecuador, Rafael Correa, contra el diario El Universo por el delito de injuria.
El presidente ecuatoriano acudió a los juzgados como ciudadano para entablar una demanda y exigir una millonaria compensación a raíz de una columna en la que Emilio Palacio, ex director de opinión del medio, llamó al mandatario “dictador” y lo acusó de ordenar abrir fuego “a discreción y sin previo aviso contra un hospital” el 30 de septiembre de 2010 durante una rebelión policial.
Correa aduce que el periodista lo acusó de “asesino” y que él actuó en defensa de un intento de golpe de estado contra su gobierno.
El fallo de la demanda, en primera instancia, alcanzó a los directivos del rotativo Carlos, César y Nicolás Pérez, y al ex editor de Opinión Emilio Palacio que fueron sentenciados a tres años de prisión y a indemnizar al mandatario con $30 millones de dólares más otros 10 que deberá pagar la empresa editora de El Universo.
Esta sentencia fue ratificada por un tribunal en septiembre del año pasado. Sin embargo, los hermanos Pérez continúan en su lucha por defender la libertad de expresión y han presentado siete recusaciones en busca de que los jueces del caso sean cambiados.
La Corte Nacional de Justicia convocó para este martes en horas de la mañana la audiencia de casación en la ciudad de Quito, donde se dará respuesta definitiva al último recurso interpuesto por la defensa del diario.
El Universo se disculparía
Ante la presión, el director del diario afirmó en un comunicado, este lunes, que están dispuestos a firmar una disculpa al mandatario siempre y cuando él cumpla algunos compromisos presidenciales:
Entre los compromisos que piden está retirar las demandas que ha instaurado en contra de varios periodistas del medio; hacer cumplir la ley de acceso a la información y ordenar a sus funcionarios facilitar documentos que el diario ha pedido pero le han sido negados en varias entidades.
Además, el medio solicita una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU de la compatibilidad del proyecto de ley de comunicación frente a tratados internacionales.
