Un proyecto de ley que impondría penas por injuria y calumnia contra funcionarios públicos en Colombia abre la puerta a sanciones por la labor periodística y es un ataque a la prensa, señalan asociaciones de periodismo.
La polémica radica en el artículo 68 del Código Penal, incluido en el proyecto de ley anticorrupción aprobado el lunes en segundo debate por parte de la Cámara de Representantes, el cual plantea que la persona que mediante injuria o calumnia pretenda atacar a un funcionario o exfuncionario público, "denunciando hechos falsos sobre él o su familia, podrá tener de 60 a 120 meses de prisión".
Las plenarias de la Cámara y el Senado deben conciliar para autorizar la inclusión del artículo sobre injuria y calumnia. De ser aprobado, pasaría a sanción presidencial.
El artículo, incluido por el representante del partido Cambio Radical, César Lorduy, señala que la persona que incurra en ese “delito” deberá pagar una multa de hasta 13.000 salarios mínimos, equivalente desde 12 millones de pesos colombianos, hasta los 1.362 millones de pesos (unos 345.000 dólares). La propuesta, además, elimina cualquier tipo de beneficio penal.
Para Lorduy, según explicó en la plenaria de la Cámara, “nadie está legitimado para decirle a alguien ‘injuriosos’ o ‘calumniosos’. Nadie está autorizado, ni yo, ni el chofer de un bus, ni un médico y obviamente tampoco un periodista puede señalarle a alguien hechos delictuosos”.
"Aquí no estamos hablando de si se puede criticar o no, estamos hablando de hechos falsos, la pregunta es si en este país alguien está autorizado para señalarle hechos falsos a otra persona”, agregó.
En peligro la libertad de expresión
En un comunicado de prensa, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) y la Asociación Colombiana de Medios de Información (Ami), advierten que ese proyecto “pone en riesgo la garantía del ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los colombianos”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) había pedido en días pasados que se eliminara porque representa un "peligro similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en América Latina en décadas pasadas".
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo a la Voz de América que se trata de “una barbaridad jurídica y una aberración legislativa que, además, viola claramente los principios de libertad de expresión” aprobados en el año 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La CIDH “expresamente plantea en el artículo 11 que los funcionarios públicos están más sometidos al escrutinio ciudadano que un ciudadano común”, dijo Jornet.
“De ningún modo se puede volver a las leyes de desacato que en la mayoría de los países de América fueron derogadas en la década de los 90”, dijo Jornet. “Estamos viviendo un retroceso en términos de libertad de expresión y de derechos humanos de al menos dos o tres décadas".
Con este proyecto de ley, “la posibilidad de control ciudadano sobre los actos de Gobierno se restringen dramáticamente”, agregó.
Raissa Carrillo Villamizar, coordinadora de Atención y Defensa de periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), dijo a la VOA que “durante el debate se evidenció que hay un sector político que lee a la prensa como un enemigo".
"Están tramitando inconformidades personales a través del sistema legislativo y se está legislando con un interés propio”, dijo Carillo.
Se está buscando establecer un sistema de control a la prensa y del flujo de la información “bajo una supuesta búsqueda de garantía de corrección y de veracidad de la información”, para lo cual existen ya otros mecanismos dentro del mismo ordenamiento jurídico, agregó.
En cuanto a la cancelación de la personería jurídica, dice que genera un efecto de autocensura y de miedo.
“El Congreso está enviando un mensaje intimidatorio a la prensa que sea crítica contra el accionar de los miembros de los partidos políticos, funcionarios públicos también y con ello se está incluso contradiciendo el propósito del mismo proyecto de ley”, agregó la vocera de la FLIP.
El director de la FLIP, Jonathan Bock, dijo el lunes que "lo que votaron 73 congresistas abre la puerta a sanciones y represión como la que existe en Venezuela o Nicaragua".
Según Jornet, en varios países de la región hay un incremento de “expulsiones autoritarias” de periodistas, especialmente en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, y han habido algunas tendencias en el Salvador, pero dijo que no esperaban que en Colombia se diera “este retroceso en esta materia, que justamente debería ser donde más se trabajara la transparencia en la lucha contra la corrupción”.
Vigilancia y seguimiento
La FLIP hizo un llamado a que la comisión que hará la conciliación del texto definitivo retire el artículo en cuestión, pero que en caso de ser incluido en la versión final del proyecto de ley, “exhortamos al presidente Iván Duque para que objete el proyecto de ley anticorrupción por inconstitucional”.
La SIP, dijo Journet, insistirá para que se logre frenar el proyecto antes de su aprobación final y, de ser aprobado, pueda ser enmendado por al Corte Constitucional. Si ese no es el caso, recurrirán a instancias internacionales como la CIDH, “que había aprobado en el año 2000 los principios de libertad de expresión, que son discordantes con este planteo que se ha hecho ahora en Colombia”.
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