Las delegaciones de la mesa de paz del gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaron en Caracas el primer punto de la agenda de diálogos de paz, relacionado con la participación de la sociedad.
De manera conjunta, la jefa negociadora del gobierno, Vera Grabe, y Pablo Beltrán, su homólogo por parte del ELN, presentaron este sábado el documento del acuerdo número 28 sobre el primer punto de la agenda. También participaron representantes de los países garantes, la Iglesia católica y organismos internacionales como Naciones Unidas.
¿De qué se trata?
El primero de seis puntos de la agenda de negociación que han fijado ambas partes se refiere al acuerdo de participación de la sociedad civil en la construcción de paz. Es decir, que la ciudadanía participe de los diálogos.
El documento de 10 páginas se divide en nueve puntos, y plantea cuatro ejes de diálogo: el régimen político, el modelo económico, la política ambiental y la educación y cultura. Además de los enfoques de género, étnico, población con discapacidad e intergeneracional.
El primer enfoque se refiere a la construcción de una sociedad en las que todas "las opciones y las opiniones" tengan cabida. El modelo económico pretende superar las desigualdades. En el ámbito ambiental, se busca discutir las formas de relacionarse con la naturaleza, el territorio y las poblaciones. Y, cuanto a la educación y la cultura, se busca crear "un proyecto de sociedad que se nutre y se fortalece de sus diversidades sociales".
Las propuestas de esta estrategia de participación son de carácter vinculante, según los principios contenidos en el acuerdo, un tema que fue cuestionado por algunos sectores. Esto con relación a que “las partes adquieren el compromiso de impulsar y lograr las transformaciones” que se lleguen a acordar en estos espacios.
¿Cuál es la relevancia?
Es la primera vez que un Gobierno, tras 30 años de intentos "fallidos" con otras administraciones, logra consolidar un acuerdo con ese grupo insurgente. Además, se da tras la crisis ocasionada por los diálogos paralelos que sostiene la administración Petro con el frente Comuneros Sur, un disidencia del ELN, y la violencia que azota al suroccidente del país.
¿Cuál es su alcance?
Joaquín Garzón, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, señaló a la VOA que en las negociaciones de paz en el mundo de los últimos 30 años, "no es tan común que haya una participación muy activa de la ciudadanía", pero que en Colombia esto comenzó a transformarse, incluso con la firma del Acuerdo de paz de 2016 con las FARC, que incluyó a las víctimas del conflicto y, en su implementación, a otros sectores de la ciudadanía.
"Eso es absolutamente innovador en el diseño de los procesos", pero el experto resaltó que, con el ELN, se está incluyendo a una ciudadanía más amplia.
¿Cuáles son los principales retos?
Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, existen retos relacionados con la capacidad, la financiación y la logística.
"No es algo que se vaya a hacer rápidamente. El gobierno esta subvalorando la capacidad que se necesita para hacer esto bien hecho. Si se hace mal, se lastima el proceso de paz y se afectan las partes", además de las "frustraciones" de la gente que participe y "vea que esto no conduce a ninguna parte".
El otro gran riesgo, según ella, es la seguridad, porque en los municipios donde está el ELN, están otros grupos armados y se debe garantizar que las personas que acudan a esta participación "no se conviertan en blanco de otros grupos armados después del proceso de participación".
Garzón enfatizó que "esta vanguardia de la participación ciudadana puede jugarle en contra al mismo acuerdo porque puede construir escenarios de polarización mediática y política que haga muy difícil continuar con los distintos puntos".
Además, recalcó que al ser una estrategia "innovadora", se genera cierta incertidumbre porque se convierte en un proceso complejo cuando se involucran varios actores.
Los gremios empresariales, antes de la firma y al revisar el borrador, criticaron la labor del Comité Nacional de Participación y denunciaron que extralimitaron sus funciones. Según plantearon, el enfoque del modelo de participación “excede en su alcance el propósito para el cual fue creado” y alertaron sobre el "carácter vinculante" del acuerdo.
Como parte de la política de Petro sobre la "paz total", el Gobierno y el ELN comenzaron la negociaciones en 2023. En junio de 2023 llegaron a un acuerdo de cese del fuego, inicialmente por seis meses, que comenzó el 3 de agosto y que se extendió en febrero de 2024 por 180 días.
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestros canales de YouTube, WhatsApp y al newsletter. Activa las notificaciones y síguenos en Facebook, X e Instagram.
Foro