Las emisoras locales Mundo 89 FM y La Voz de los Robles 14.90 AM de la ciudad colombiana de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, en el suroccidente del país, cerraron los micrófonos de sus noticieros por la difícil situación de violencia que vive esa población.
Un grupo de bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas han intimidado con volantes amenazantes a los periodistas a quienes les han prohibido cubrir a candidatos a la alcaldía de la ciudad, en medio de las elecciones locales que se celebrarán el 29 de octubre.
La Voz de América contactó a los directores y comunicadores de las emisoras, quienes expresaron que por temor a cualquier represalia de estas organizaciones delincuenciales, preferían no dar entrevistas a ningún medio de comunicación por considerar que sus vidas podrían correr riesgo.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), una oenegé que documenta violaciones a periodistas, y Reporteros Sin Fronteras (RSF), en diálogo con la VOA alertaron de la grave amenaza por parte de las organizaciones delictivas, que se hacen llamar La oficina de Tuluá y los Cancerberos, contra las dos emisoras y otros medios locales.
“Estos dos grupos están en la disputa del control territorial y las rutas de las economías ilegales, entonces empiezan a presionar a todos los sectores de la población, hay un ataque contra los periodistas, también lo han hecho con los jueces y candidatos a cargos de elección popular”, dijo a la Voz de América, Fabiola León, representante en Colombia de RSF.
Ambas organizaciones armadas, dice León, ya habían amenazado y presionado a los medios locales a través de mensajes en los que ordenaban a los reportes qué información debían replicar.
León, también precisó que “hay tanto temor entre los periodistas” que los reporteros han omitido “entregar” detalles a la ONG de lo que pasa en Tuluá y han preferido “permanecer” en silencio porque la situación es “demasiado tensa”.
Ambas oenegés y periodistas que cubren otras regiones del Valle del Cauca coinciden que en medio de esta disputa armada los más afectados son la población civil, que no podrán tener acceso libre a la información.
“Desde los medios de comunicación estamos rechazando todo este tipo de amenazas de grupos al margen de la ley que lo único que están buscando es pescar en río revuelto, amenazar a la población civil y amenazar a los periodistas para que no informen con objetividad”, mencionó a la Voz de América, Édgar Arias, director del Noticiero Noti5, del Valle del Cauca.
“La situación en los últimos días, meses quizá, se ha vuelto una incertidumbre para los diferentes medios de comunicación que lideran estos procesos en el Valle del Cauca”, dijo por su parte, William Hurtado, periodista del medio CNC Buga.
![Un camarógrafo protesta el 27 de mayo de 2016 en Cali, Colombia, pidiendo la liberación de uno de sus colegas. [Foto de Archivo AFP]](https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-0b75-08db2108f775_w100_r1.jpg)
Para la FLIP, que en 2022 reportó 218 amenazas contra periodistas, una cifra que supera los registros de las mediciones en los últimos 15 años, la situación es preocupante, pues por estos hechos de violencia los periodistas no pueden ejercer sus labores de manera segura.
“Estas presiones terminaron teniendo un momento crítico, donde volvieron a aparecer en un panfleto y donde ya el nivel de estas amenazas ha hecho que algunos periodistas prefieren cerrar sus espacios noticiosos y sus emisoras”, dijo Jonathan Bock, director de la FLIP.
Por último, Bock concluyó que: “esto es una crisis porque tiene un efecto directo en el acceso a la información que puede tener la ciudadanía con relación a un asunto tan importante como son las elecciones”.
