Mariela Gómez, colombiana y habitante de Soacha, municipio de Colombia, se levanta todos los días a atender a sus dos hijos en condición de discapacidad.
Jorge, de 25 años, tiene un retraso mental múltiple. Usa pañal y necesita de un adulto para bañarse, alimentarse y moverse en la cama, donde permanece siempre. No puede hablar.
Gilmer, de 28 años, es autista. Nunca ha salido de casa.
En tiempos de la pandemia, la situación se complica aún más para estas personas. Familias colombianas de escasos recursos, que tienen parientes en condición de discapacidad severa, viven una crisis por falta de alimentos y atención sanitaria. Debido a las consecuencias del confinamiento durante la pandemia de la COVID-19, por ejemplo, no pueden salir a trabajar.
De acuerdo con Cristina Buitrago, una referencia a nivel nacional para las personas en condición de discapacidad y sus cuidadores, ha creado un movimiento para dar visibilidad a esta población.
“Queremos ser notables ante el gobierno colombiano y sus entes territoriales. Invitamos a las familias que tienen personas con alguna discapacidad, a colgar un trapo, bandera o elemento amarillo para que se identifiquen y puedan recibir ayudas”, explicó Buitrago a la Voz de América.
El plan del gobierno...y las trabas
Por su parte, el gobierno colombiano anunció en el mes de marzo la entrega de un giro monetario adicional durante el periodo de esta emergencia sanitaria para el programa Familias en Acción, iniciativa que apoya a personas de escasos recursos.
“Estamos hablando de garantizar un ingreso adicional a más de 2.600.000 hogares y beneficiando a cerca de diez millones de colombianos”, afirmó el presidente colombiano Iván Duque, a través de una intervención pública.
Sin embargo, estas familias indican que este apoyo no llega porque no están registradas para dichos trámites y aseguran que en estos momentos no hay manera efectiva de hacerlo.
“Esta población está muy abandonada por el gobierno. Durante la pandemia ha sido mayor la necesidad y muchos no han recibido ayudas ni atención en salud. Esto sucede en diversos sectores del país”, comenta la lideresa.
Algunas familias no se encuentran registradas para recibir esta ayuda porque son trámites que requieren tiempo y papeleos, que se ven imposibilitados de hacer porque no pueden dejar solos a sus familiares en estas condiciones. Algunos no tienen conocimiento sobre la existencia de estas ayudas y han vivido confinados en casa y con necesidad, incluso desde antes de la pandemia.
Johanna Vargas, paciente oncológica, madre de una persona en condición de discapacidad severa de 22 años y habitante de la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, asegura que no ha recibido "ningún tipo de ayuda" para su hija o su familia ni durante esta pandemia, "ni antes".
"A pesar de que me he inscrito en programas de integración social, alcaldía y presidencia, todavía no recibo nada”, subraya Vargas.
No obstante, personas como Magda Gisel Cruz sí han visto reflejada la ayuda, pero dicen que ésta es insuficiente. Ella es madre de una persona en condición de discapacidad severa, de 20 años de edad, y vive en la localidad de Usme, en Bogotá.
A raíz de la crisis, le comentó a la VOA: “Vendo frutas en las calles y con la pandemia no puedo salir a trabajar porque no tengo con quién dejar a mi hijo. Estoy inscrita en el Sisbén (Sistema de programas de apoyo a personas vulnerables) y recibí un bono de discapacidad (175.000 pesos) y una ayuda solidaria (160.000 pesos). Debo hacer rendir ese dinero”.
En evaluación
El Estado colombiano brinda un apoyo a estas personas para que asistan a fundaciones donde atienden sus necesidades a nivel integral, en una modalidad denominada externado.
Sin embargo, debido a una reforma de la ley, desde noviembre de 2019, al cumplir la mayoría de edad se les niega el acceso a dichos establecimientos, a pesar de que -en ocasiones- su condición física y mental es equivalente a la de un bebé. Muchos de ellos usan pañales y no pueden valerse por sí mismos.
Luego de ser retiradas de dichas fundaciones, estas personas son remitidas a programas de integración social. Según comentan varias familias cuidadoras, dichos programas no tienen las mismas condiciones de cuidado integral que las instituciones donde estaban previamente sus hijos y tampoco hay cupos suficientes. En tiempos de pandemia, la situación es más complicada para ellos.
Legisladores de la Comisión Séptima del Senado de la República se reunieron con representantes del gobierno, a comienzos de abril, para revisar la crisis que viven las familias en condición de discapacidad.
Jairo Clopatofsky, consejero presidencial para la Participación de Personas con Discapacidad en Colombia, aseguró en un comunicado público: “Por medio del Departamento para la Prosperidad Social, (DPS), estamos trabajando con Familias en Acción atendiendo a más de 2.795.230 hogares en donde al menos hay una persona en condición de discapacidad”.
Según cifras del censo de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane de 2019, en Colombia hay 3.065.361 personas en condición de discapacidad, es decir, el 7,1% de los colombianos.