La lucha de Colombia contra la pandemia de la COVID -19 ha tenido un ingrediente adicional en zonas tradicionalmente afectadas por el conflicto armado y el accionar de grupos ilegales como guerrillas, disidencias, paramilitares y estructuras del narcotráfico. Y es que al confinamiento decretado por el gobierno, se ha sumado la presión sobre la población civil de las organizaciones irregulares.
Un informe realizado por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encontró que durante la cuarentena la presión de los grupos armados ilegales sobre la población civil ha sido palpable en regiones de departamentos como Nariño, Cauca, Putumayo, Antioquia y Córdoba.
En estas zonas, según el informe, se ha incrementado la violencia, manifestada en enfrentamientos entre organizaciones ilegales, amenazas y presión sobre la población civil y asesinatos de líderes sociales y excombatientes de la disuelta guerrilla de las FARC, que se encuentran en proceso de reinserción a la vida civil.
Para Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las organizaciones armadas, con intereses en economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, han aprovechado el confinamiento para copar los territorios y hacer valer sus rutas y negocios por fuera de la ley.
“Han llegado grupos armados a hacer control de territorio, a decir 'aquí mandamos nosotros', a imponer sus propias reglas, toques de queda y órdenes de fusilamiento a quienes les desobedezcan, están convirtiendo los territorios de confinamiento en territorios de guerra”, indica el investigador y analista en conflictos armados.
En regiones del país, como parte de los departamentos de Nariño, Cauca, Choco, Arauca, Santander, Antioquia y Norte de Santander, donde ejerce presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), esta agrupación subversiva, que declaró un cese al fuego unilateral durante el mes de abril, ha intimidado a la población, con panfletos y grafitis, para que no salga de sus hogares, bajo la excusa de la pandemia del coronavirus.
Mientras tanto, se incrementaron los enfrentamientos entre las disidencias de las antiguas FARC y las Fuerzas Militares en el departamento del Cauca, región del país donde esta organización ha acrecentado sus acciones en contra de los desmovilizados de la antigua guerrilla, resalta el informe de la Unidad de Investigación de la JEP.
Los datos, tanto del informe de la JEP, como de la investigación de Indepaz, corresponden a zonas específicas del país en cerca de 40 municipios con influencia de grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC, estructuras del narcotráfico como El Clan del Golfo y grupos paramilitares como Los Caparros y reductos de Los Rastrojos.
![En los barrios de una zona rural de Soacha, población aledaña a Bogotá, viven familias vulnerables que cuelgan un elemento rojo en la fachada de sus casas para pedir auxilio, en medio de la pandemia. [Fotos: Karen Sánchez]](https://gdb.voanews.com/bd43c63a-825a-407c-a4e1-69153a9805ff_tv_w100_r1.jpg)
El gobierno avanza en el combate de grupos armados
No obstante, los datos del gobierno indican que pese a la cuarentena por la COVID-19, las operaciones militares no se han detenido en ninguna región del país, e incluso, la violencia e inseguridad en Colombia se ha reducido, mientras las Fuerzas Militares y la Policía han producido sensibles golpes contra estas organizaciones ilegales.
“Del ELN han sido capturados 98 personas y dos han muerto en desarrollo de operaciones militares, de los GAO (Grupos Armados Organizados) residuales son 231 capturados y siete muertos en operaciones y del Clan del Golfo 332 capturados y cinco muertos en operaciones”, reveló ante el Congreso la semana pasada el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
El ministro también anunció este fin de semana importantes acciones contra estructuras del narcotráfico, que trabajan en alianza con las disidencias de las FARC en el Cauca, y que dejaron varios capturados.
No obstante, pese a la presión de los grupos ilegales durante el periodo de confinamiento, para el analista del conflicto armado, González Posso, la actual situación del país no es comparable con lo que sucedía hace seis años cuando aún la guerrilla de las FARC estaba en armas.
Antes del desarme, este grupo catalogado de terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, controlaba más de 350 municipios del país, frente a los cerca de 90 que hoy tienen presencia de estructuras ilegales. Actualmente, no cuentan con el poderío militar de la anterior guerrilla, no confrontan al Estado y están más ligados al narcotráfico que a la lucha armada.
