¿Podría ser un candidato descalificado para una contienda electoral? La Sección 3 de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece de manera explícita lo siguiente: “Ninguna persona podrá fungir como senador o representante en el Congreso, o elector de presidente y vicepresidente, ni ejercer cargo alguno, ya sea de índole civil o militar, en los Estados Unidos o en cualquier estado, si, habiendo previamente prestado juramento como miembro del Congreso, o como funcionario de los Estados Unidos, o como integrante de cualquier legislatura estatal, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier Estado, para respaldar la Constitución de los Estados Unidos, ha participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o ha otorgado ayuda o consuelo a sus adversarios”.
Esta Sección, promulgada tras la Guerra Civil, fue originalmente concebida para el período inmediatamente posterior a la contienda, conocido como la Reconstrucción. Su aplicación fue limitada, mayormente durante el intervalo relativamente breve entre su ratificación en 1868 y la promulgación de la Ley de Amnistía en 1872, la cual levantó la descalificación de los confederados y sus partidarios.
Hace unos días, la organización Ciudadanos por la Ética y la Responsabilidad de Washington presentó ante una corte de Colorado una demanda para impedir que el expresidente Donald Trump pueda participar en las elecciones primarias de ese estado. En el documento judicial se cita precisamente la enmienda 14: la cláusula de la Constitución de Estados Unidos que permite descalificar a aquellos candidatos que han dado apoyo a una insurrección.
En este sentido, ni el exmandatario ni su campaña, han dudado en tildar este recurso como "una absurda teoría" con el objetivo de "parar a Donald Trump".
"Aquellos que quieren parar a Donald Trump no solo recurrirán a encarcelarle", señaló", reza un memorando firmado por Chris LaCivita y Susie Wiles, y divulgado por el equipo de campaña de Trump el pasado 5 de septiembre. "Ahora, los trastornados de los demócratas y republicanos anti-Trump recurren a una absurda teoría sobre la 14ª Enmienda, una que ya ha sido ampliamente rebatida, pero que igual genera titulares y clickbaits".
En este sentido, el abogado constitucionalista Rafael Peñalver durante una entrevista con la Voz de América, explica: “Esa ley ha estado durmiendo por más de 100 años, apenas se utilizó, y ahora surge como una posible alternativa para tratar de que Trump no aparezca en la boleta”.
¿Qué dice la enmienda 14 de la Constitución de EEUU?
El experto aclara que la enmienda de la Constitución “simplemente” hace referencia a la participación de una persona en una insurrección, “no dice que haya sido convicta por insurrección”, por lo que el debate ahora surge con más fuerza, a pesar de que el proceso continúa abierto y la corte federal aún no ha determinado si el exmandatario tuvo algún grado de participación en los actos del asalto al Capitolio en enero de 2021.
En ese sentido, Peñalver recalca que son los secretarios de estado quienes tienen la potestad de dar luz verde a las boletas de los candidatos. Este proceso no se lleva de forma conjunta y de la misma manera en todo el país, sino que cada estado lo realiza de acuerdo con sus propias normas, lo que podría abrir un escenario incierto a nivel nacional.
“Esto crea una verdadera crisis constitucional, puesto que si cada secretario de estado tiene la potestad de unilateralmente decir su opinión sobre si Trump participó en una insurrección, y puede quitar el nombre de la boleta de ese estado, pues puede tener una situación en donde varios estados decidan no poner el nombre de Trump en la boleta sin que Trump haya sido convicto por insurrección”, dice el abogado.
División de opiniones entre expertos en derecho constitucional
Los juristas William Baude y Michael Stokes Paulsen, afiliados a la organización legal conservadora Federalist Society, respaldaron en un reciente artículo la interpretación de la enmienda 14 para descalificar "a Donald Trump, así como a otros posibles implicados, debido a su participación en el intento de derrocar las elecciones presidenciales de 2020".
En su opinión, esta disposición está plenamente en vigor y "podría tener un impacto significativo en las elecciones del próximo año".
Los expertos en derecho -Baude de la Universidad de Chicago y Paulsen de la Universidad de St. Thomas-, ambos con fuertes inclinaciones conservadoras, argumentan que la palabra "insurrección" en aquel contexto hace referencia al uso coordinado de la fuerza o presión con el propósito de obstruir o derrocar la autoridad gubernamental.
Subrayan, además, que la aplicación de la cláusula de inhabilitación no queda sujeta al Congreso ni al Departamento de Justicia.
Pese a eso, el profesor de ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), Eduardo Gamarra, sostiene que hay un debate abierto sobre la interpretación de esta enmienda. “Hay una discusión constitucional que se enmarca precisamente en el contexto tan polarizado que vivimos, por lo que vas a encontrar que hay miembros del Congreso que dicen que la enmienda dice tal cosa, mientras que otros la interpretan de otra manera”, comenta.
Esa división de opiniones también se ha visto entre los expertos en derecho constitucional. “Muchos de los abogados constitucionales y académicos que estudian derecho constitucional están de acuerdo con esa interpretación, pero existe una cantidad de abogados y académicos que dicen que no, que la enmienda no es aplicable al presidente Trump porque no hay precedente, cuando en realidad no hay jurisprudencia, es lo que nos están diciendo”.
El precedente de Colorado
Esa interpretación se ha llevado a cabo precisamente -sostiene Gamarra- a partir de la demanda interpuesta en Colorado, “donde a un oficial no se le permitió ser candidato por haber tenido acusaciones de haber violado la Constitución” de Estados Unidos. Por lo tanto, los demandantes, seis votantes republicanos y no afiliados de Colorado, consideran que esa enmienda es aplicable totalmente al caso de Trump.
“En este caso, están diciendo que sí se aplicó a nivel estatal, pero nunca hemos tenido un caso así a nivel federal. Entonces, al no haber jurisprudencia sobre un presidente, no es aplicable esta enmienda”, considera el profesor de FIU convencido de que “hay una gran posibilidad de que Donald Trump gane la nominación republicana y que llegue a ser presidente, aún en el caso de ser encontrado culpable de algunos de los 91 cargos que tiene en su contra”.
¿Por qué hay tanta confusión con la enmienda 14?
Sobre eso, el abogado constitucionalista defiende que “la forma en que está escrita tanto la enmienda 14, como la Ley de Sedición -una ley que, por cierto, apenas se ha utilizado en los últimos 100 años- crea una confusión porque la Constitución no especifica que para no poder ocupar un puesto federal tengas que haber sido convicto de insurrección”.
“Entonces, en mi opinión, esto le da un poder enorme a un secretario o secretaria de estado, y más cuando las elecciones federales aquí se rigen por 50 estados, son 50 elecciones diferentes, porque cada estado tiene sus requisitos”, expone Peñalver.
Recordó, además, que la Constitución estadounidense sólo contempla que “para aspirar a la presidencia has de tener por lo menos 35 años de edad, haber nacido en Estados Unidos y haber vivido, por lo menos, 14 años en Estados Unidos, y no pone como impedimento si has sido convicto de un acto criminal”.
¿Quién tiene la última palabra sobre el alcance de la enmienda 14?
Además, Peñalver señala que el hecho de que Trump pueda quedar descalificado al tenor de esta enmienda “causaría una verdadera situación caótica en Estados Unidos” y defiende que es la Corte Suprema quien debe pronunciarse y determinar el alcance de esta enmienda constitucional.
“La Corte Suprema decidirá si para quitar a una persona utilizando la sección 3 de la 14ª Enmienda hace falta que esa persona primero haya sido convicta de insurrección y no simplemente que el secretario de estado decida si él o ella cree que participó en una insurrección y, por lo tanto, lo quite de la boleta”, comenta el experto en derecho constitucional.
Donald Trump podría ser descalificado de inmediato para aspirar de nuevo a la presidencia de Estados Unidos en el caso de haber sido hallado culpable de un delito de sedición, pero tal y como recuerda el profesor Gamarra él, ni siquiera, pesa en su contra “una acusación de sedición”.
“A Trump todavía no se le ha acusado de insurrección, se le ha acusado de haber tratado de posponer el conteo electoral del día 6 de enero, se le ha acusado de una conspiración para tratar de quedarse en el poder, pero en ninguno de los casos todavía se le ha especificado que se está utilizando la ley de conspiración sediciosa”, relata Peñalver por su parte.
Cabe señalar, no obstante, que una comisión independiente de la Cámara Baja del Congreso, compuesta por siete demócratas y dos republicanos, concluyó que el expresidente Trump participó en una "conspiración de varias partes para anular los resultados legales de las elecciones presidenciales de 2020".
Con todo, Gamarra considera que hay algunas partes de la Carta Magna que se aprobaron hace muchos años y que ahora, prácticamente, su aplicación no tiene sentido porque los tiempos han cambiado.
“Particularmente los magistrados de la Corte Suprema son grandes defensores de que la Constitución, en realidad, es un documento vivo y sobre todo de la 10ª Enmienda, que esencialmente nos dice que todo debe regirse dentro de la Constitución y que si algo no está en la Constitución, pues entonces no es válido”, afirma.
Sin embargo, se han visto casos en los que esa 10ª EEnmienda se ha puesto en duda y Gamarra pone como ejemplo la cuestión del aborto. “La Constitución de 1789 no decía absolutamente nada sobre el aborto, y fue a principios de los años 70 que los magistrados extrapolaron algo de la Constitución, a pesar de que en ella no dice absolutamente nada del aborto”, acota.
“Entonces, la 10ª Enmienda para los republicanos se ha convertido en otra de las grandes enmiendas que hay que leer y que hay que interpretar porque, en realidad, si no está dicho dentro de la Constitución, entonces eso es para una legislación estatal o local, o una nueva legislación a nivel federal”, agrega el profesor de ciencias políticas al respecto.
Eso, continúa, abriría la puerta a que ese precedente de Colorado solo fuera válido en ese estado y no a nivel federal porque no hay legislación para abordar este tipo de casos.
“Nos enfrentamos a un escenario incierto”
Para Gamarra esta situación supone “un problema de credibilidad enorme que ya veníamos sufriendo como país” y que Estados Unidos se enfrentaría “a una situación bastante seria e incierta cuando falta poco menos de año y medio para las elecciones”.
“Especialmente cuando tienes voces como la ex gobernadora de Alaska, Sarah Palin, o el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, que dicen que si a Trump lo encuentran culpable, habrá guerra civil. Ellos dicen que se está usando al poder judicial de manera política, de manera selectiva y que acá ya se acabó la democracia para ellos”, comenta Gamarra.
Sobre eso, Peñalver también cree que la acción de la justicia puede complicar más el escenario político. “Y más cuando Estados Unidos es el modelo de democracia para el resto del mundo. Aquí la situación es mucho más seria porque esto no es solamente una cuestión que afecta a Trump, a un candidato", dice.
"Aquí estamos poniendo en tela de juicio la esencia de la democracia norteamericana y el sistema judicial nunca se preparó para una situación como la que enfrenta”, añade Peñalver advirtiendo que “cualquier cosa puede pasar”.
