El condado de Travis, en el que se encuentra la capital de Texas, Austin, limitó su cooperación con los funcionarios de inmigración en la detención de indocumentados al aplicarse las nuevas políticas "santuario", pese a las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump.
Los servidores públicos de Travis, cuya capital es también Austin, únicamente colaborarán con las autoridades federales cuando un sospechoso sea registrado en la cárcel del condado con cargos de asesinato, agresión sexual o tráfico de personas.
De lo contrario, los agentes federales necesitarán una orden judicial o una de arresto firmada por un juez para mantener en la cárcel a una persona cuyo estatus migratorio está en cuestión.
Hace una semana, Trump firmó una orden ejecutiva en la que instruyó al Gobierno a retirar los fondos federales a aquellas ciudades que protejan a los indocumentados, en un acto en el que le acompañaron madres de personas muertas a manos de delincuentes extranjeros con un estatus migratorio irregular.
"La comunidad debe estar segura de que la aplicación de la ley local se centra en la seguridad pública local, no en la aplicación federal de la inmigración", señaló la sheriff del condado de Travis, Sally Hernández, en un video.
La reacción del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, férreo opositor a las "ciudades santuario", no se hizo esperar y hoy mismo cortó la financiación estatal para el condado de Travis, lo que afecta una partida de un millón y medio de dólares que el condado debía recibir este año de la división de justicia penal de la oficina del gobernador.
Esta división, que en enero proporcionó 300.000 dólares a la oficina del sheriff, dotó de 1,8 millones de dólares el año pasado a este cuerpo policial, lo que representa poco más de un 1 % de su presupuesto total, que asciende hasta los 169 millones de dólares.
Hasta ahora, una persona presuntamente indocumentada y sospechosa de haber cometido un delito que ingresaba en un centro de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) podía estar retenida hasta 48 horas más que otro individuo con los documentos en regla, un tiempo suficiente para que la agencia federal tomara al sospechoso en custodia si se considera deportable.
