La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de familiares de Rafael Acosta Arévalo, en Venezuela, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Según la acción del pasado 1 de octubre y sustentada en la Resolución 49/2019, la medida sigue a la solicitud de la familia de Acosta Arévalo y de su esposa.
"La Comisión tomó en cuenta que las personas beneficiarias estarían siendo objeto de vigilancia y seguimientos por agentes del Estado y recientemente se habría llevado a cabo un cateo en la casa de sus suegros", indicó el texto.
El capitán murió en julio pasado estando bajo custodia de las fuerzas de inteligencia del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
La resolución de CIDH indica que las personas beneficiarias no cuentan con medidas de protección, pese "a la gran polémica y el alto perfil del caso frente al cual se han encontrado expuestas mediáticamente, en un contexto en que, de acuerdo con la información aportada, se caracterizaría por la represión a quienes son críticos al gobierno (en disputa)".
Tanto CIDH como otros organismos de derechos humanos han advertido que Acosta Arévalo pudo haber sido torturado previo a su muerte.
El texto de la CIDH recordó que los familiares de Acosta Arévalo "han emprendido una serie de acciones tendientes a que sean esclarecidas las circunstancias en que habría ocurrido su muerte, en búsqueda de verdad y justicia".
Además han reiterado que ni a la familia, ni a los abogados se les permitió acceder al cuerpo.
Una vez más, la CIDH solicitó al gobierno en disputa de Venezuela "que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la familia del señor Rafael Acosta Arévalo; concierte las medidas a adoptarse con las personas propuestas beneficiarias y su representante; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición".
La CIDH, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene entre sus tareas promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
