La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos para Centroamérica y República Dominicana condenaron “la criminalización de las personas identificadas como opositoras políticas en Nicaragua” y las pésimas condiciones de detención en la que se encuentran 30 de ellas.
Ambas instituciones emitieron un comunicado conjunto donde expresan su preocupación por las acciones represivas tomadas por el Gobierno de Daniel Ortega con el fin de “imposibilitar la participación de la oposición en las próximas elecciones en Nicaragua”, convocadas para el 7 de noviembre.
La condena se da después que el Ministerio Público nicaragüense emitiera una orden de detención, allanamiento y acusación contra el exvicepresidente Sergio Ramírez. Así como de conocer las graves condiciones de encarcelamiento en las que permanecen unas 30 personas opositoras que fueron privadas de su libertad desde finales de mayo.
Tanto la CIDH como la ONU condenan las “graves condiciones de detención" de los opositores.
Así mismo, denuncian que los presos están incomunicados ya que “en la mayoría de los casos, el Estado no habría confirmado oficialmente el paradero de las personas detenidas, impidiéndoles además tener contacto con sus familiares por períodos de hasta más de 80 días, y el acceso a un abogado de su elección”.
El documento argumenta un “uso indebido de acusaciones penales” contra los líderes opositores, mediante la formalización de delitos graves en su contra, tales como "lavado de dinero", presuntamente ligado a la implementación de fondos de cooperación, o "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional".
También señala la recepción de acusaciones de que el Estado no está respetando “las garantías procesales o el derecho a un juicio justo”.
El gobierno de Nicaragua ha detenido, hasta ahora, a unos 34 opositores políticos acusándolos de conspirar contra el Estado.
A menos de dos meses de las elecciones presidenciales de noviembre, las autoridades judiciales nicaragüenses han iniciado procesos contra 20 de esos opositores, incluidos cinco candidatos presidenciales, entre ellos Cristiana Chamorro, presidenta de la fundación Chamorro.
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