Después de una semana de la visita in loco a Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) catalogó el viernes como un "problema crítico" la violencia de género en el país, especialmente para mujeres, niñas y adolescentes.
El relator para Colombia, José Luis Caballero, advirtió que las mujeres y personas de la comunidad LGBTI, especialmente las indígenas, afrodescendientes, campesinas, con discapacidad, y en situación de movilidad "siguen sufriendo violencia sexual y reproductiva en zonas rurales y áreas controladas por grupos armados", pero además no son tenidas en cuenta en la participación igualitaria de los procesos de paz y gobernanza.
Así mismo, durante una rueda de prensa en Bogotá, señaló que en los territorios habitados principalmente por poblaciones étnicas persisten los asesinatos, las amenazas a líderes y lideresas, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, e incremento de la extorsión y del secuestro.
A lo que se le suma la crisis humanitaria migratoria, incrementando el riesgo de trata de personas, explotación sexual y otras formas contemporáneas de esclavitud.
La CIDH inició su visita el lunes, con la vista puesta en el impacto de la violencia en los derechos humanos.
"Fueron cinco días con más de 45 espacios de escucha a representantes de la sociedad civil, activistas, líderes y lideresas sociales y comunitarias, academia, sindicatos y gremios empresariales, y dirigentes de diversos partidos políticos", dijo la presidenta de la Comisión, Roberta Clarke, y agregó que la Comisión escuchó también a las víctimas de las diferentes formas de violencia.
Los hallazgos también mostraron un "alarmante" aumento de la violencia en Colombia y una poca presencia estatal en zonas peligrosas.
"Colombia es un país caracterizado por la extrema desigualdad y pobreza, con una débil o inexistente presencia del Estado en territorios donde hay un fuerte accionar de grupos armados no estatales", explicó Clarke.
Por su parte, el comisionado afirmó que "la reconfiguración del conflicto armado sigue socavando la seguridad, el desarrollo y el disfrute de los derechos humanos en el país" lo que se ve reflejando en "el alarmante número de asesinatos, amenazas, hostigamientos y estigmatizaciones, entre otras, contra personas firmantes del Acuerdo de Paz, defensoras y líderes sociales y comunitarios".
También señaló que se documentaron "graves hechos de violencia contra periodistas".
Agregó también que el Estado “tiene una presencia marginal en zonas rurales que necesitan acceso a servicios públicos y de educación” y enfatizó en la posibilidad de que grupos armados enfilen a personas con bajos recursos por sus precarias posibilidades laborales.
Y estos factores, junto a la "insuficiente implementación del Acuerdo de Paz", facilita que surjan y persistan grupos armados no estatales, grupos criminales y el desarrollo de economías ilícitas, en particular, la minería ilegal, el tráfico de drogas y de personas.
Durante la rueda de prensa, Caballero también hizo referencia a las "condiciones de detención inaceptables" en los centros de privación de libertad, instando al Estado a responder la hacinamiento.
"Las personas entrevistadas en diferentes regiones del país dieron cuenta de la angustia, la zozobra y el dolor ante este clima de violencia, frente al control territorial y la obligada convivencia con grupos armados ante el histórico abandono del Estado", agregó.
Pero, por otro lado, resaltó la respuesta del actual gobierno en la reconfiguración del conflicto, que se ha caracterizado "por una voluntad expresa" con la implementación del Acuerdo de Paz, así como a la adopción de la política de la Paz Total.
Finalmente, la CIDH reafirmó su apoyo a toda política de Estado que tenga por objeto alcanzar la paz pero lo instó a desarrollar políticas que garanticen los derechos y disminuyan la desigualdad, protejan "la vida e integridad de las personas en todo el territorio nacional", garantice la seguridad de los territorios vulnerables y alinee "las nuevas negociaciones con grupos armados "a la ruta establecida en el Acuerdo de Paz de 2016.
También instaron al Congreso a priorizar debates y consensos que permitan la aprobación de leyes necesarias para la implementación del Acuerdo de Paz, en particular la reforma de la ley de víctimas. Y exhortó a la Fiscalía y al Poder Judicial "a cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales responsables de graves violaciones de derechos humanos".
La más reciente visita presencial de la CIDH a Colombia tuvo lugar en 2012, centrándose en la situación de los derechos humanos durante el conflicto armado.
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