La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el lunes lo que consideró graves violaciones a los derechos humanos de manifestantes durante la “represión” a las protestas opositoras, cometidas por la fuerza pública y grupos armados simpatizantes del presidente Daniel Ortega.
Un comité de la CIDH se entrevistó con cientos de personas desde el jueves. En sus observaciones preliminares, aseguró que hubo 76 víctimas fatales durante un mes de violentas protestas, la mayoría por heridas de armas de fuego, y uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros.
Además, la CIDH, una de las dos entidades del sistema interamericano de protección de derechos humanos, determinó que de los 868 heridos contabilizados desde el 18 de abril, cinco se encuentran en estado de gravedad.
“La comisión observa el alto grado de represión de agentes antimotines contra las manifestaciones”, dijo Antonia Urrejola, comisionada de la CIDH. “Varios testimonios hablan del uso de francotiradores (...) Estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales”.
A mediados de abril, miles de personas se lanzaron a las calles de Managua y otras ciudades del país centroamericano para protestar por una polémica reforma a la seguridad social que, días más tarde, el Gobierno dijo que revisaría.
A pesar de que la semana pasada la Iglesia Católica dio inicio a un diálogo entre el Gobierno y los manifestantes buscando poner paños fríos a la peor crisis política que enfrenta Ortega desde que asumió en 2007, aún se mantenían focos de protestas en Managua y otras ciudades.
La CIDH dijo que además de las decenas de muertos y centenares de heridos también se produjeron “detenciones ilegales y arbitrarias y prácticas de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, censura y ataques contra la prensa y otras formas de amedrentamiento”.
Sin embargo, Ortega ha negado la existencia de presos y desaparecidos.
Entre las 15 recomendaciones que hizo la CIDH al Gobierno, le instó a cesar “de inmediato la represión” a las protestas, juzgar a los responsables y crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos ocurridos.
Ortega, un exguerrillero que ganó en 2016 los comicios para un tercer mandato consecutivo hasta 2021, ha sido acusado por sus adversarios de amañar elecciones, controlar los medios, manipular la justicia y querer instaurar una “dictadura familiar” junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Reuters
