La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acoge varias audiencias en las que se analizará la situación en Colombia de temas como la libertad sindical y la defensa del territorio de los campesinos y en paralelo el ambiente en México, en concreto sobre las agresiones a periodistas y la seguridad ciudadana.
Estos dos últimos estarán presididos por el propio Estado de México, en el caso de la audiencia sobre las agresiones a periodistas, y por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), los Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Las audiencias, desarrolladas en la sede de Washington, la asociación indígena MINGA, la Corporacion Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y la Comisión de Justicia y Paz (CJP) son algunos de los peticionarios que expondrán en la audiencia relativa a la situación de los derechos humanos en Colombia.
En otra de las audiencias se tratará el derecho a la libertad sindical con representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), entre otras asociaciones sindicales.
Además, un grupo Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), presentará una audiencia sobre la situación de los migrantes en Costa Rica, El Salvador y República Dominicana, en la que intervendrán el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes y el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Construcción y Similares de Costa Rica (SUNTRACS).
El periodo de sesiones número 143 de la CIDH, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), acogerá además en audiencia la situación de violencia contra las mujeres, en la que la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y otras asociaciones de mujeres colombianas participarán como peticionarios.
“Hoy, como nunca antes, los gobiernos tienen la responsabilidad, la obligación de hacer uso de todos los instrumentos legales a su alcance y de articular la acción de sus políticas públicas e instituciones si lo que deseamos es una comunidad internacional segura con crecimiento económico y viabilidad para las futuras generaciones”, señaló la portavoz del gobierno Mexicano, Alejandra Sota Mirafuentes.
