Cuando Yekaterina Maksimova no puede llegar tarde a alguna parte, la periodista y activista evita tomar el Metro de Moscú, aunque probablemente sea la ruta más eficiente.
Esto se debe a que en el último año ha sido detenida cinco veces gracias a un omnipresente sistema de cámaras de seguridad con reconocimiento facial. Cuenta que la policía le decían que las cámaras “reaccionaban” a su paso, aunque a menudo no parecían entender el motivo y la dejaban ir tras unas horas.
“Parece que estoy en algún tipo de base de datos”, señala Maksimova, que antes había sido arrestada en dos ocasiones: en 2019 tras participar en una manifestación en Moscú y un año más tarde por su activismo medioambiental.
Para muchos rusos como ella, cada vez es más difícil evitar el escrutinio de las autoridades, con el gobierno monitoreando de forma activa las cuentas en de redes sociales y empleando cámaras de seguridad contra los activistas.
Incluso una plataforma elogiada en su día por los usuarios por facilitar las tareas burocráticas está siendo empleada como una herramienta de control: las autoridades planean utilizarla para notificar el llamado a filas, frustrando así una táctica popular de evadir que se les entregue la documentación en persona.
Los activistas sostienen que bajo el mandato del presidente Vladimir Putin, Rusia ha aprovechado la tecnología digital para rastrear, censurar y controlar a la población, estableciendo lo que algunos llaman un “ciber gulag”, una oscura referencia a los campos de trabajo donde se encerraba a los prisioneros políticos en la época soviética.
Es un territorio nuevo, incluso para una nación con un largo historial de espionaje a sus ciudadanos.
“El Kremlin se ha convertido de facto en el beneficiario de la digitalización y está utilizando todas las oportunidades para la propaganda estatal, para vigilar a la población, para romper el anonimato de los usuarios de internet”, afirmó Sarkis Darbinyan, jefe legal de Roskomsvoboda, un grupo ruso de libertad de internet al que el Kremlin considera un “agente extranjero”.
Aumento de la censura
La aparente indiferencia del Kremlin hacia la vigilancia digital pareció cambiar tras las protestas masivas de 2011 y 2012, que se coordinaron por internet, lo que llevó a las autoridades a endurecer los controles.
Algunas regulaciones les permitían bloquear páginas web y otras obligaban a los operadores de telefonía móvil e internet a almacenar los registros de llamadas y mensajes, para compartir la información con los servicios de seguridad si era necesario.
Las autoridades presionaron en vano a empresas como Google, Apple y Facebook para que guardaran los datos de sus usuarios en servidores rusos y anunciaron sus planes para crear una “internet soberana” que, en caso de necesidad, se podría aislar del resto del mundo.
En ese momento, muchos expertos calificaron estos esfuerzos de inútiles, y algunos siguen pareciendo ineficaces. Puede que las medidas rusas no parezcan más que una simple cerca comparadas con el gran cortafuegos chino, pero la represión online del Kremlin ha ganado impulso.
Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la censura online y el procesamiento judicial por publicaciones y comentarios en redes sociales despuntaron de tal forma que batieron todos los récords existentes.
Según Net Freedoms, un destacado grupo de defensa de los derechos en internet, más de 610.000 cibersitios fueron bloqueados o eliminados por las autoridades en 2022, el récord anual en 15 años, y 779 personas fueron acusadas por comentarios y publicaciones, otro récord.
Un factor importante fue la ley adoptada una semana después de la invasión que criminaliza el sentimiento antibélico, indicó el presidente de Net Freedoms, Damir Gainutdinov. Además, prohíbe la “difusión de información falsa” o “desacreditar” el ejército, por lo que se utiliza contra quienes se oponen públicamente a la guerra.
Human Rights Watch citó otra ley de 2022 que permite a las autoridades “cerrar extrajudicialmente medio de comunicación y bloquear contenidos en internet por difundir ‘información falsa’ sobre la conducta de las Fuerzas Armadas de Rusia u otros organismos estatales en el extranjero o por propagar llamados a sancionar a Rusia”.
Inteligencia artificial
A los defensores de derechos les preocupa que la censura online esté a punto de ampliarse drásticamente a través de sistemas de inteligencia artificial que peinen las redes y las webs en busca de contenidos considerados ilícitos.
El regulador gubernamental de medios de comunicación, Roskomnadzor, anunció el febrero el lanzamiento de Oculus, un sistema de IA que busca contenido prohibido en fotos y videos online, y puede analizar más de 200.000 imágenes por día, frente a las 200 de los humanos.
Otros dos sistemas similares que están en fase de desarrollo se centrarán en textos.
Los activistas afirman que es difícil saber si los nuevos sistemas funcionan y hasta qué punto son eficaces. Darbinyan los describe como “algo horrible”, que conduce a “más censura”, en medio de la total falta de transparencia sobre su funcionamiento y regulación.
“Ahora es normal reírse de los rusos, decir que tienen armas viejas y que no saben luchar, pero el Kremlin es muy bueno en campañas de desinformación y hay expertos informáticos de alto nivel que crean productos extremadamente eficaces y muy peligrosos”, afirmó.
El regulador gubernamental Roskomnadzor no respondió a peticiones de comentarios.
Reconocimiento facial
Entre 2017 y 2018 las autoridades de Moscú instalaron un sistema de cámaras en las calles habilitadas con tecnología de reconocimiento facial.
Durante la pandemia del COVID-19 en 2020, las autoridades pudieron localizar y multar a quienes violaban las cuarentenas.
Ese mismo año, los medios rusos reportaron que las escuelas contarían también con esos sistemas. Vedomosti dijo que no estarán conectadas al sistema de reconocimiento facial apodado “Orwell”, por el autor británico de la novela distópica “1984” y su “Gran Hermano”, el personaje que todo lo ve.
Cuando comenzaron las protestas por el encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny en 2021, se empleó el sistema para localizar y arrestar a los asistentes, algunas veces semanas después.
Después de que Putin anunció en septiembre del año pasado una movilización parcial de hombres para luchar en Ucrania, aparentemente ayudó a las autoridades a atrapar a los evasores.
Maksimova, la activista a la que paran repetidamente en el metro, presentó una demanda para recurrir los arrestos pero perdió. Las autoridades alegaron que, como ya había sido detenida antes, la policía tenía derecho a retenerla para una “conversación informal”, en la que los agentes le explican a un ciudadano sus “responsabilidades morales y legales”.
Maksimova sostiene que los agentes se negaron a explicarle el motivo por el que figuraba en sus bases de datos de vigilancia, calificándolo de secreto de estado. Ella y su abogado recurrieron el fallo judicial.
En las calles de Moscú hay 250.000 cámaras de vigilancia con ese software: en la entrada a edificios residenciales, en el transporte público y en las calles, dijo Darbinyan. San Petersburgo y otras ciudades grandes como Novosibirsk y Kazan, cuentan con sistemas similares, agregó.
Cree que las autoridades quieren armar “una red de cámaras en todo el país. Parece una tarea titánica, pero hay posibilidades y fondos”.
Vigilancia digital total
En noviembre, Putin ordenó al gobierno la creación de un registro online de personas aptas para el servicio militar luego de que los esfuerzos para movilizar a 300.000 hombres para combatir en Ucrania revelaron un gran desorden en los registros de alistamiento.
El registro, que se prometió que estaría listo en otoño, recopilará todo tipo de datos, “desde clínicas ambulatorias a juzgados, oficinas tributarias y comisiones electorales”, apuntó la analista política Tatyana Stanovaya en comentario reciente para la Carnegie Endowment for International Peace.
Stanovaya cree que estas restricciones podrían ampliarse a otros aspectos de la vida en Rusia mientras el gobierno “construye un sistema estatal de vigilancia digital total, coerción y castigo”.
Por ejemplo, una ley aprobada en diciembre obliga a las empresas de taxis a compartir sus bases de datos con el Servicio Federal de Seguridad, la agencia sucesora del KGB soviético, dándole acceso a las fechas de los viajes, la ruta y el pago.
“El ciber gulag, del que se habló de forma activa durante la pandemia, está tomando forma real ahora”, escribió Stanovaya.
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