La multinacional Chiquita Brands fue declarada responsable por el presunto financiamiento del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante la larga guerra civil de este país y deberá pagar 38,3 millones de dólares a 16 familiares de personas asesinadas, según un jurado federal en Florida.
El veredicto del lunes por un jurado en West Palm Beach marca la primera vez que la compañía es declarada responsable en cualquiera de las múltiples demandas similares pendientes en otros tribunales de Estados Unidos, dijeron los abogados de los demandantes.
También marca un hito poco común al culpar a una empresa privada estadounidense de abusos a los derechos humanos en otros países.
“Este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. Estas familias, víctimas de grupos armados y corporaciones, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial”, dijo en un comunicado de prensa Marco Simons, asesor general de EarthRights International y abogado de uno de los demandantes.
El jurado del caso consideró en el veredicto del lunes que Chiquita, a sabiendas, brindó asistencia sustancial a las AUC en forma de pagos en efectivo u otros medios de apoyo, en un grado suficiente para crear un riesgo previsible de daño.
Chiquita se declaró culpable en ese caso de pagar dinero por protección entre 2001 y 2004, diciendo que lo hizo para proteger a los empleados.
Sin embargo, los hombres fueron asesinados por las AUC, observó el jurado, y Chiquita no demostró que su apoyo al grupo fuera el resultado de la posibilidad de un daño inminente a la empresa o sus empleados.
"El veredicto no devuelve a los maridos e hijos que fueron asesinados, pero deja las cosas claras y sitúa la responsabilidad por la financiación del terrorismo donde corresponde: a las puertas de Chiquita", dijo Agnieszka Fryszman, del bufete de abogados Milstein Sellers & Toll, que representó a los demandantes, dijo en un comunicado.
¿De qué se le acusa?
Según documentos judiciales, Chiquita pagó a las AUC alrededor de 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004. Al grupo se le culpa de los asesinatos de miles de personas durante esos años.
Chiquita ha insistido en que su filial colombiana, Banadex, sólo hizo los pagos por temor a que las AUC perjudicaran a sus empleados y operaciones, según muestran registros judiciales.
En 2007, Chiquita se declaró culpable de un cargo penal estadounidense de participar en transacciones con una organización terrorista extranjera (las AUC fueron designadas como tal por el Departamento de Estado en 2001) y acordó pagar una multa de 25 millones de dólares. Según el Departamento de Justicia, también se requirió que la empresa implementara un programa de cumplimiento y ética.
"La situación en Colombia fue trágica para muchos", dijo Chiquita, cuyas operaciones bananeras tienen su sede en la Florida, en un comunicado después del veredicto. "Sin embargo, eso no cambia nuestra creencia de que no existe base legal para estas afirmaciones".
El veredicto se produjo tras un juicio de seis semanas y dos días de deliberaciones. El caso EarthRights se presentó originalmente en julio de 2007 y se combinó con varias otras demandas.
[Con información de Reuters y AP]
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