Cada mañana, religiosamente, decenas de niños con limpiadores en mano, botellas de agua y bolsas con frutas se apostan en las principales avenidas de Managua para vender sus productos y obtener algo de ganancias que generen ingresos para su familia.
Aunque el artículo 84 de la Constitución Política de Nicaragua prohíbe el trabajo infantil, la realidad es completamente diferente en el segundo país más pobre de América Latina, según refiere Marvin García, especialista en temas de la niñez y adolescencia.
“El trabajo infantil es un tema de índole estructural que pasa por la cultura, las necesidades económicas y las condiciones de pobreza de las familias y en algunos casos pasa por la negligencia de las familias”, asegura García.
García, quien además es el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes de la organización no gubernamental CODENI, explica que el empleo infantil viene aumentando desde el estallido de la crisis sociopolítica en 2018. Sin embargo, advierte que la pandemia del nuevo coronavirus viene a agravar mucho más la situación de la niñez.
“La situación actual va a obligar a que muchas familias también hagan uso, como lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo, del apoyo que las niñas y niños a la hora de conseguir ingresos para la familia”, explica el experto a la Voz de América.
La última vez que el Estado dio a conocer las cifras oficiales del trabajo infantil fue en 2012. En ese entonces aproximadamente 396.000 niños y adolescentes laboraban, principalmente en la zona rural del país.
El informe detallaba que el 54,7% de los niños era un trabajador familiar sin pago, ayudando a su padre, madre o familiares en las actividades económicas que estos desarrollaban.
No obstante, García estima que la cifra es mucho mayor.
“Si a esa fecha (la del censo) la economía estaba medianamente equilibrada o en crecimiento, había bastante trabajo infantil, imaginémonos ahora”.
Hace unas semanas la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) presentó un estudio, en el que estiman que más de 100.000 nicaragüenses quedarán sin empleo, como parte de los efectos económico del COVID-19.
Estas proyecciones preocupan a la Coordinadora de la Niñez y Adolescencia de Nicaragua (CODENI), por considerar que provocarán un aumento galopante del trabajo infantil.
Urgen medidas integrales, dicen expertos
CODENI reconoce que en años anteriores el gobierno del presidente Daniel Ortega había impulsado algunos proyectos en beneficio de la niñez y la adolescencia con el apoyo de la cooperación venezolana, y lamenta que fueron programas con poco éxito porque carecían de estructura organizativa.
“El trabajo infantil requiere un abordaje estructural; estas situaciones necesitan con urgencia intervenciones integrales, no apagafuegos, sino integrales, a mediano y largo plazo para disminuir la cantidad de niños y niñas que están trabajando”, agregó el experto de CODENI a la VOA.
En este sentido, el diputado oficialista Carlos Emilio López, quien preside la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez, y Familia en el parlamento nacional, ve un panorama muy diferente del planteado por las organizaciones como CODENI.
“El estado de Nicaragua ha suscrito y ratificado tratados internacionales como los Derechos a la Niñez y otras normas jurídicas internacionales; así mismo se ha aprobado un conjunto de leyes que protegen a niños y niñas”, dice Emilio López.
El legislador añade que durante los últimos años se han restablecido derechos a la niñez como la educación gratuita, a la alimentación, entre otros logros.
“Nuestro gobierno ha creado un conjunto de programas sociales para proteger a los más chiquitos, algo que no se había visto en años”, dijo.
Aunque CODENI coincide con lo mencionado por el diputado López, sostiene que los programas sociales no han cambiado la realidad de la niñez.
“Los programas tuvieron sus efectos positivos y se apoyó a la niñez en esos programas que tenían un tinte asistencialista, pero cuando se terminó el apoyo de la cooperación venezolana no se desarrolló un capital humano que generara en las personas autosostenerse en el tiempo”, critica el experto de CODENI.
La niñez sin opciones ante falta de políticas públicas.
El economista y catedrático nicaragüense, Luis Murillo, sostiene que las familias que han quedado sin empleo como efecto de la crisis sociopolítica y la emergencia sanitaria, no tienen muchas opciones para mejorar sus condiciones y esto ha empujado a la clase más vulnerable a salir a las calles junto a sus hijos para ganarse la vida en empleos informales.
“La forma más rápida de obtener algún tipo de ingreso es mandar a la prole, los niños y las niñas a realizar algún tipo de actividades económicas, ni siquiera informal, ni siquiera de subsistencia sino inhumana”, lamenta el economista.
Aunque las autoridades gubernamentales afirman que se han restituido los derechos de la niñez y la adolescencia a través de los programas sociales, muchos infantes siguen en las avenidas de Managua en condiciones difíciles y con pocas esperanzas de cambiar su realidad.
