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La SIP preocupada por reforma legislativa en Guatemala que podría dificultar acceso a la información


ARCHIVO - Una manifestación en apoyo de la Comisión Internacional de las Naciones Unidas contra la Impunidad (CICIG), en Ciudad de Guatemala, el 12 de enero de 2019.
ARCHIVO - Una manifestación en apoyo de la Comisión Internacional de las Naciones Unidas contra la Impunidad (CICIG), en Ciudad de Guatemala, el 12 de enero de 2019.

La reforma busca que la Ley de Acceso a la Información Pública en Guatemala sea sustituida por la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública, que estaría controlada por el Congreso.

Después de que se conociera que el Congreso de Guatemala busca reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para crear una nueva oficina subordinada al Congreso, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reaccionó y expresó su preocupación por una acción que podría debilitar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, explicó que la LAIP es una ley que la organización promovió y respaldó desde su promulgación en 2008, por considerarla "una herramienta esencial para exigir al gobierno debida transparencia y rendición de cuentas".

Canahuati también apuntó que tal y como está actualmente la Ley de Acceso a la Información Pública es funcional y que de implementarse una reforma debe estar dirigida a hacerla “más eficiente” y no a debilitarla.

Tanto Canahuati como el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, explicaron que desde que la organización nació en la década de 1990 ha trabajado “para incorporar leyes de acceso a la información pública en los países latinoamericanos” con características específicas de implementación para evitar favorecer a intereses políticos. De ahí que los organismos que la supervisan deben ser “autónomos”.

En un comunicado de prensa la SIP citó algunas características de la ley, tales como: principios de apertura y transparencia; régimen de excepciones previamente establecidas; proceso expedito de entrega de información; infraestructura necesaria, y responsables con independencia para hacer cumplir la ley.

“Aquellos lineamientos de la SIP quedaron establecidos en una conferencia internacional con líderes de congresos nacionales, en la que se interpretó y se fundamentó, entre otros temas, el tercer principio de la Declaración de Chapultepec, que establece que las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público", cita el documento.

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