Parlamento de Nicaragua juramenta a nuevos magistrados del Poder Electoral afines a Daniel Ortega

El Parlamento de Nicaragua, de mayoría oficialista, juramentó este jueves a los diez magistrados -siete propietarios y tres suplentes- del Consejo Supremo Electoral, tras haber sido electos bajo fuertes críticas de la oposición por su cercanía con el presidente Daniel Ortega.

Seis de los diez magistrados fueron propuestos por el oficialismo, mientras que cuatro lo fueron por partidos políticos considerados aliados al mandatario nicaragüense dentro del Parlamento.

Los diputados reeligieron a los magistrados Lumberto Campbell y Mayra Salinas. Campbell se encuentra sancionado por Estados Unidos desde 2019, por “verse involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen elecciones”, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los nuevos magistrados ejercerán su función durante un período de cinco años a partir de su toma de posesión, según la Constitución Política de Nicaragua.

"Esas son las reglas del juego"

El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, sancionado también por Estados Unidos, celebró la juramentación de los magistrados, así como la aprobación de reformas a la Ley Electoral, igualmente cuestionada por “poner serias restricciones” a los opositores a Ortega para las elecciones previstas el 7 de noviembre.

“Esta es nuestra democracia, esas son las reglas del juego”, dijo Porras, quien se defendió de las críticas de la comunidad internacional. “Nosotros ni siquiera emitimos opinión de lo que suceden en otras democracias, nosotros no emitimos opinión cuando no hay resultados electorales por días en otras democracias”.

Al respecto, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado expresando su “extrema preocupación" por la elección de los altos magistrados que compondrán el Consejo Supremo Electoral y la aprobación de reformas electorales.

“La elección de magistrados y la aprobación de estas reformas claramente dan ventaja absoluta al partido oficial en el control de la administración y justicia electoral, eliminando las garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo en noviembre de 2021”, apuntó la OEA.

En la víspera, Estados Unidos se pronunció advirtiendo que el proceso electoral “se encamina a elecciones viciadas, a menos que se implemente un proceso justo que respete la voluntad de la gente”.

"La nueva ley electoral de la Asamblea Nacional defrauda al pueblo de Nicaragua y no convence a la comunidad internacional", escribió Julie Chung, subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La Unión Europea también “tomó nota” de las recientes decisiones en la nación centroamericana y aseguró que “no cumplen con las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2011”.

“Ambas decisiones constituyen otro retroceso que nos aleja de una solución inclusiva, democrática y pacífica a la actual crisis política en Nicaragua”, se lee en un comunicado atribuido a la portavoz del bloque publicado por su representación en el país.

Indicaron que la UE “utilizará todos sus instrumentos” para apoyar “el Estado de derecho y unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes en noviembre de este año”.

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