Los nicaragüenses que buscan someterse a la prueba del COVID-19 y obtener un resultado denuncian aglomeraciones, largas filas y ningún distanciamiento físico en la sede nacional del Ministerio de Salud, donde el gobierno del presidente Daniel Ortega centralizó estos test.
El Ministerio de Salud ha visto sobrepasada su capacidad ante la cantidad de personas que llegan a pedir la prueba, que se ha convertido en un requisito de viaje a varios países, entre ellos Estados Unidos.
Una ciudadana que pidió resguardar su identidad denunció a través de un video la falta de condiciones y la ausencia de protocolos de bioseguridad.
“La gente en el sol afuera: 150 dólares y estas son las condiciones. No hay condiciones. ¿Cuál sería la solución? Mejorar las condiciones o hacer convenios con otros laboratorios para evitar toda esta aglomeración de gente”, dijo la ciudadana que fue al lugar para hacerse la prueba.
Agregó que “no tiene lógica que estemos haciéndonos pruebas de COVID-19 y esta aglomeración de gente no tenga ni siquiera un orden en este Ministerio”.
Aunque el Ministerio de Salud anunció desde el 17 de julio de 2020 que el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia era el único lugar autorizado para hacer la prueba molecular de COVID 19 por motivos de viaje, hasta esta semana no se conocieron las condiciones que enfrenta la población ante el crecimiento de la demanda de los test.
Consultado por la Voz de América, el doctor Carlos Hernández, experto en salud pública y miembro del Comité Científico Multidisciplinario, dijo que como sucedió al inicio de la pandemia con el colapso de los hospitales, el Ministerio de Salud nuevamente enfrenta esa misma situación por su negativa de autorizar a laboratorios independientes a hacer pruebas de COVID-19.
“Lo mismo que ocurrió en el momento de los entierros express. Improvisaron muy mal la situación, se les colapsó el servicio y no supieron qué hacer. Ahora se les está colapsando el sistema de pruebas que ellos mismos se impusieron, totalmente centralizado para poder asegurarse, mientras en otras partes del planeta las pruebas son de libre acceso, porque es un derecho conocer cómo estoy”, dijo el doctor.
Añadió además que es una preocupación latente entre los especialistas que dadas las pocas condiciones para la prueba y recoger los resultados, las personas que vayan a viajar puedan contagiarse del COVID-19 en ese mismo lugar, sin posibilidad de detectarlo con la prueba y exponiendo al contagio a más personas.
Los 150 dólares que cuesta la prueba del COVID-19 en Nicaragua es el costo más alto en toda la región centroamericana, y el único país donde el mismo Ministerio de Salud se encarga de cobrarla.
Michael Healy, presidente de Consejo Superior de la Empresa Privada, insistió en la necesidad de revisar el costo de la prueba y facilitar la apertura a los hospitales y clínicas privadas.
“Creemos que debe haber una revisión del alto costo de las pruebas del coronavirus. A partir del 26 de enero, Estados Unidos y otros países están exigiendo que antes de ingresar a esos países tienen que hacerse las pruebas de coronavirus. En Estados Unidos la prueba me costó 75 dólares para poder regresar a mi país, pero aquí estamos viendo que se están cobrando 150 dólares”, recalcó.
Pese a que el gobierno se comprometió con organismos multilaterales, en marco de préstamos, a hacer transparente la información relacionada con la gestión de la pandemia, el Ministerio de Salud ha manejado con hermetismo la cantidad de pruebas de COVID-19 que ha hecho desde el inicio de la pandemia, además de sus resultados.
