Hace un año, el 1 de junio de 2019, Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador, convirtiéndose en el mandatario más joven en la historia de un país que por 30 años fue gobernado entre los dos partidos más populares que surgieron tras el fin de la guerra civil, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Su carisma, juventud y dinamismo, así como la promesa de romper la tradición política que tenía al país sumido en un círculo de violencia y corrupción, le ganó la simpatía de miles de salvadoreños que le dieron el voto de confianza para alzarse con la banda presidencial.
A juicio de expertos, durante su campaña y al inicio de su gestión, el mandatario dio indicios de que su gobierno marcaría una diferencia en cuanto a la protección y defensa de derechos civiles y humanos. Muchos salvadoreños e incluso personas de otros países admiraban la actitud del joven líder político que había llegado a desafiar la forma tradicional de gobernar en el país centroamericano.
La Voz de América conversó con analistas a un año de la llegada de Bukele al poder.
"Creo que el presidente Bukele, en su acto de inauguración hace un año, representaba mucha esperanza para muchos salvadoreños e inclusive centroamericanos, veían un nuevo capítulo en la historia de Centroamérica y El Salvador", dijo a la VOA María Fernanda Bozmoski, directora asociada del Atlantic Council, un tanque de pensamiento con sede en la capital de Estados Unidos, Washington.
Pero sus acciones recientes, sobre todo en medio de la pandemia, han mostrado otra imagen del gobierno, una que, según analistas y miembros de importantes organizaciones de defensa de derechos humanos, podrían causar un retroceso en todos los logros alcanzados desde la firma de los acuerdos de paz .
Así lo plantea Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional en una entrevista a la Voz de América.
"Se ha visibilizado un estilo de gobierno que retoma tácticas represivas y de abusos que se han visto tantas veces en anteriores gobiernos en El Salvador que ponen en descubierto que la retórica de cambio del presidente Bukele, con la que llegó desde campaña a la presidencia, pues han quedado en eso, en palabras y promesas rotas", dijo la abogada.
Se refirió además a la actitud de desacato del mandatario después que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitiera resoluciones en defensa de los derechos humanos de las personas, particularmente de quienes han sido arrestados por supuestamente violar la orden de cuarentena, ordenada para contrarrestar la pandemia del COVID-19, y en lo que respecta a los salvadoreños varados en el mundo.
"El presidente Bukele simplemente ha decidido desacatar, poniendo en jaque los contrapesos necesarios para garantizar el Estado de Derecho. Estas y otras acciones realizadas por el presidente Bukele han alarmado a la comunidad internacional por lo que podrían representar un gravísimo retroceso en el país", dijo la directora de Amnistía Internacional a la VOA.
La VOA recogió además las opiniones Leonor Arteaga Rubio, directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), una organización regional basada en Washington DC que promueve el estado de derecho en América Latina y que realiza trabajos de investigación en esa nación centroamericana.
"El Salvador, al finalizar la guerra hizo un pacto de nación, de que las diferencias se iban a resolver en el marco del Estado de Derecho y respetando la Constitución, y a lo largo de los años ha habido cualquier cantidad de diferencias entre las fuerzas políticas y las fuerzas sociales que se han resuelto por canales democráticos, pero Nayib Bukele está trayéndose abajo esos cimientos y es muy preocupante", explicó Arteaga Rubio.
La analista recordó que que Bukele ha sido señaldo en reclamos internacionales.
"Tiene un cúmulo de llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, varias oficinas de Naciones Unidas y a las que básicamente ha hecho oídos sordos", dijo la especialista a la VOA en una entrevista vía Skype.
Sin embargo, el presidente ha publicado en varias ocasiones, por medio de su cuenta de Twitter, que es la oposición política, específicamente los diputados de la Asamblea Legislativa, los culpables de la situación que vive el país.
Ya en otras oportunidades los ha acusado de financiar a las pandillas y otras estructuras criminales, y más recientemente, durante la crisis de la pandemia, los ha responsabilizado, incluso, de querer "la muerte de los salvadoreños".
Pero a pesar de ello, el presidente Bukele sigue contando con el apoyo de la mayoría de la población, que alienta y aplaude las acciones del mandatario.
Encuestas recientes, demostraron que los salvadoreños aprueban altamente las acciones del mandatario. Más del 90% de los encuestados considera que el manejo del gobierno a la crisis sanitaria desatada por el coronavirus ha sido buena y obviamente, la popularidad del joven líder aumenta.
Y la principal razón para la aprobación popular, según opiniones, es su gestión frente a la delincuencia y la notable reducción en las tasas de homicidios, uno de los principales flagelos que la población ha reclamado a las autoridades por años.
De hecho, fuentes oficiales salvadoreñas informaron que el mes de mayo de 2020, ha sido el mes más seguro en la historia del país, con solamente 64 asesinatos y 6 de esos días no se reportó ni un solo hecho de violencia.
No obstante, la experta Leonor Arteaga sostiene que la estrategia del mandatario, al parecer, buscaría la acumulación de mayor poder político.
"Creo que el enfoque de las decisiones que ha tomado Nayib Bukele tienen otras características. Primero, generar una concentración de poder. Segundo, sus decisiones se han dado con muy poca transparencia. Y tercero es que está creciendo un ambiente de agresiones y ataques a toda opinión que disienta de sus decisiones", aseguró a la VOA.
La directora de Amnistía Internacional considera que Bukele está intentando dañar la imagen también de los organismos internacionales.
"Lamentamos profundamente los mensajes públicos del presidente Bukele, donde se desacredita a las organizaciones de derechos humanos. Sugiere que los cuerpos de seguridad implementen medidas violentas o llama al incumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia", dijo Guevara-Rosas.
Desacreditar y acallar
Eduardo Escobar, director Ejecutivo de la Organización salvadoreña, "Acción Ciudadana", dijo a la VOA que el mandatario ha optado por desacreditar cualquier crítica que se haga en contra de las decisiones o acciones que se implementen.
"Ha llegado a descalificar estas voces, no sólo a la prensa, no sólo a la oposición, sino que organizaciones de sociedad civil y otras instituciones del Estado donde el presidente las descalifica, o a las gremiales empresariales que han sido desacreditadas por el órgano ejecutivo", dice Escobar.
Agrega que otra característica negativa es la restricción a la prensa en cuanto a preguntar sobre el manejo de la crisis y la aplicación de algunas medidas.
"La relación no ha sido la mejor desde la Presidencia, y no digo que la prensa debe ser amigo del presidente o viceversa, más bien a no hacer una restricción al ejercicio periodístico como ya lo hemos visto con ciertos medios de comunicación o por ejemplo, restringir o seleccionar qué medios pueden opinar o sólo dar tres preguntas en una conferencia de prensa donde hay 20 o 30 medios", aseguró el abogado en entrevista exclusiva a la VOA.
Sin embargo, según dijo recientemente el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald D. Johnson, en una conferencia de prensa, los desacuerdos entre los poderes del estado son normales en un país democrático.
"¿Han notado que en los países comunistas no hay desacuerdos? Todos aplauden, se alinean y hace lo que el dictador dice que hagan, en El Salvador tenemos desacuerdos. Mi mensaje es que tengamos estos desacuerdos de manera respetuosa y escuchemos los planes de todos".
A su vez, sugirió a los legisladores: "Encuentren una manera de trabajar juntos, sabemos que estos son tiempos totalmente inusuales, nadie pensó en esto cuando se escribió la constitución, por eso es más importante ahora, más que nunca, de mantener a nuestra gente segura".
Para los analistas, la situación es más compleja de lo que parece y amerita una mayor supervisión de organismos y defensores de los derechos.
"No se trata de una batalla contra Bukele, se trata de que cualquier democracia necesita pesos y contrapesos", concluyó la representante de DPLF.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, invitó al gobierno salvadoreño a reevaluar sus políticas.
"Este es un momento oportuno para que el gobierno actual de un giro radical a sus políticas públicas y genere un cambio substancial en materia de derechos humanos", zanjó.
María Fernanda Bozmoski del Atlantic Council, por su lado, sostiene que en América Latina, y en especial Centroamérica, las democracias son todavía jóvenes.
"Las instituciones son frágiles y existe un escenario en el que hay un retroceso en ese progreso democrático de la región en medio de esta crisis por justamente el órgano ejecutivo, que lo usan como excusa para tomar más control del país, para tomar decisiones que en circunstancias normales no sería el caso", concluyó.
