Luego que la Fiscalía salvadoreña denunciara un “entorpecimiento” a las investigaciones por parte de la Policía Nacional Civil de El Salvador tras un registro de documentos a los fiscales que investigan instituciones gubernamentales, el embajador de Estados Unidos en el país centroamericano, Ronald Johnson, pidió a las instituciones “trabajar juntas” para combatir la corrupción y el crimen.
“La Policía y la Fiscalía deben trabajar juntas para poder luchar contra la corrupción y el crimen. El trabajo de ambas es vital para tener un sector de seguridad y justicia fuerte, parte vital de una democracia”, dijo en su cuenta de Twitter.
La Fiscalía investiga 13 instituciones del Estado salvadoreño por compras irregulares de medicamentos e insumos médicos en el marco de la emergencia por COVID-19. La investigación surge luego que la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) hallara irregularidades en las auditorías sobre los fondos ejecutados por el gobierno salvadoreño durante la pandemia; los mismos que, al estar amparados bajo una Ley de Emergencia, limitaban los controles de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (LACAP).
El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, pidió el miércoles a la Fiscalía actuar con “respeto y legalidad” en las investigaciones, pues los funcionarios del gobierno salvadoreño están “abiertos a la transparencia". "Nosotros vamos a ocupar todas las herramientas y marcos legales para demostrar que lo que están haciendo solo es un show preelectoral", dijo.
En el segundo día de allanamiento, la policía salvadoreña pidió los permisos de portación de armas a los fiscales antes de su ingreso a las instalaciones del Ministerio de Salud, una de las instituciones investigadas. Un hecho inusual pues según la Constitución de El Salvador, en su artículo 193, la Fiscalía debe dirigir las investigaciones en colaboración con la Policía.
Pero la Fiscalía negó este jueves que los fiscales anduvieran armados y dijo que quienes portaban armas eran los empleados de seguridad de la institución. “Para efectos de resguardar la seguridad de los compañeros, las jefaturas decidieron dejar a personal de seguridad institucional afuera del Ministerio de Salud. Estas personas, en efecto, portaban armas de fuego más nunca ingresaron como parte del equipo que estaba realizando el procedimiento”, dijo uno de los fiscales del caso en conferencia de prensa este jueves.
¿Qué investiga la Fiscalía?
El expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, Nicolás Martínez, dijo a mediados de septiembre que el gobierno salvadoreño contó con 6.468.8 millones de dólares para atender la emergencia por el coronavirus y las lluvias de mayo.
El dinero fue obtenido a través de préstamos internacionales, deuda interna e ingresos por la recaudación de impuestos y donaciones. Sin embargo, investigaciones periodísticas revelaron cómo algunas de las compras de emergencia fueron supuestamente hechas a familiares de funcionarios del gobierno. Y algunas de éstas, con sobreprecio.
Por lo que el Ministerio Público, tras la autorización del Juzgado Décimo Tercero de Paz de San Salvador, allanó el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, FONAES, entre otras instituciones relacionadas con las compras durante la emergencia.
“Estamos investigando una serie de irregularidades que se han dado en la compra de estos insumos, tanto así que se han hecho desembolsos millonarios por parte del Ministerio de Salud. Algunos de esos insumos se pagaron y hasta la fecha no se han recibido”, dijo una de las fiscales del caso.
El ministro de Salud, Francisco Alabi, respondió este jueves que las irregularidades halladas por la CICIES y posteriormente enviadas a la Fiscalía salvadoreña sí existen y que han sido “errores en el proceso de forma, no son errores de fondo, precisamente por la manera apresurada que ha tenido que venirse realizando estas intervenciones en el marco de una pandemia para lo cual ningún país estaba preparado”, reiteró.
