El Ministerio Público salvadoreño pidió el martes a la Asamblea Legislativa un antejuicio para quitarle el fuero al viceministro de Seguridad Publica y director general de la Policía Nacional Civil (PNC), comisionado Mauricio Arriaza Chicas, para ser procesado judicialmente por supuesto delito de incumplimiento de deberes en contra de la administración pública.
La Fiscalía sostiene que Arriaza Chicas ha incumplido sus deberes al desobedecer la orden de una comisión Especial de la Asamblea Legislativa de llevar por fuerza a dos ministros del gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele a comparecer en el marco de una investigación legislativa de la emisión de deuda y manejo de fondos durante la pandemia.
Arriaza Chicas intentó por medio de escritos justificar por qué no consideraba que fuera necesario el uso de la fuerza pública para hacer comparecer al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Después hizo lo mismo, en el caso del ministro de Salud, Francisco Alabí, pero sus alegatos no fueron aceptados.
Los diputados certificaron a la Fiscalía la supuesta desobediencia de Arriaza Chicas, por lo que el Ministerio Público presentó la solicitud que, según el reglamento de la Asamblea Legislativa, la junta directiva revisará para formar una “comisión de antejuicio” que permita evaluar si hay elementos suficientes para que el viceministro de Seguridad Pública sea procesado penalmente. Será en el pleno donde —con los votos de la mayoría— se decida retirarle o no el fuero.
Todavía sin que la junta directiva haya revisado la petición de antejuicio, diputados de los partidos opositores expresaron su voluntad de retirarle el fuero al funcionario del gobierno de Bukele.
El bloque opositor formado por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) con 37 diputados, el ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), con 23, y el Partido Democracia Cristiana (PDC) con tres, controlan todas las votaciones al sumar 63 de los 84 escaños del congreso unicameral de El Salvador.
Al conocer la petición de la Fiscalía, el presidente Bukele escribió en su cuenta oficial de Twitter que: “Siguen intentando desmantelar el Plan Control Territorial. Sin maletines negros, están desesperados por obtener dinero de otras fuentes. El “delito”: desobedecer una orden ilegal de los diputados. ¿No pasaron 9 meses diciendo que la PNC no debía de seguir “órdenes ilegales”?”.
“Si el fiscal presenta una solicitud de desafuero es porque se ha comprobado las presunciones y los indicios probatorios que llevan al probable cometimiento de un delito. La Asamblea tendrá que hacer lo que dice la ley”, sostuvo el diputado de Arena, René Portillo Cuadra.
“Esta es una denuncia que fue hecha por incumplimiento de deberes. Está establecido por ley que los llamados a comisiones especiales deben de cumplirse, no es opcional, dijo el diputado del FMLN, Jorge Schafick Handal, quien adelantó que los votos de su partido están listos a favor del desafuero.
Por su parte el diputado Guillermo Gallegos, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que apoya al gobierno de Bukele, calificó como “una mala noticia que se busque el desafuero de una persona que está comprometida con la seguridad del país. GANA no va a dar sus votos porque él ha explicado porqué no pudo cumplir con las citaciones”.
