La comunidad 1 de Diciembre, a unos cinco kilómetros al este de San Salvador, es una de esas zonas donde la única cobertura médica es la que brindan las brigadas de Médicos Sin Fronteras (MSF).
Este populoso barrio, de angostas calles de tierra y casas precarias construidas con láminas, exhibe en sus muros los grafitis de los pandilleros que controlan la zona, la facción Sureños de la pandilla Barrio 18, una de las principales del país.
En El Salvador, la actividad de estos violentos grupos, encabezados por Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), incluye sicariato, narcotráfico, extorsión y robos.
Se estima que las pandillas cuentan en su conjunto con unos 70.000 miembros, de los cuales más de 17.000 están en prisión.
Víctor Valle, presidente de la 1 de Diciembre, declaró a la AFP que el personal médico del Ministerio de Salud no llega a su comunidad, donde viven niños, ancianos y embarazadas que necesitan atención, porque “tienen temor” de entrar.
COVID-19 y violencia
El país centroamericano es uno de los Estados sin guerra más violentos del mundo, con un promedio anual de 35.6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019. La mayoría de esas muertes fueron consecuencia de la actividad pandillera.
“Estamos en una situación de emergencia en nuestra comunidad porque sí ha entrado el covid”, lamentó Valle.
El equipo de MSF en la 1 de Diciembre brinda atención médica y ayuda a llevar ambulancias para evacuar a pacientes afectados por la pandemia.
En las comunidades de la periferia capitalina se encuentra el epicentro del brote de covid-19 en el país, por lo que MSF advirtió en un comunicado a comienzos de julio que “se evidencia un rápido agravamiento de los efectos de la pandemia sobre la población y el sistema de salud”.
En una jornada de consulta médica, un equipo de la AFP observó que tras la llegada de la brigada de MSF, de inmediato se presentaron una veintena de pacientes en una pequeña iglesia de la comunidad, donde se improvisan los consultorios. Con el paso de las horas llegaron más pacientes.
La asistencia de MSF comenzó a acudir a la comunidad porque las ambulancias del sistema público demoraban de 24 a 72 horas en atender una llamada, y en ese período “un paciente con problemas clínicos llega a morir”, declaró a la AFP el médico Boris Erazo, de MSF.
Rina Flores, paramédica de MSF, estimó que entre 70% y 80% de los casos que atienden son de pacientes catalogados como “sospechosos” de COVID-19.
Con una base de operaciones en San Bartolo, 10 kilómetros al este de San Salvador, MSF atiende con dos ambulancias colonias de los municipios de Soyapango, Ilopango, Ciudad Delgado y Tonacatepeque, en la periferia este y noreste de la capital.
Temor a la discriminación
En las zonas donde se desplaza MSF, la población tiene temor a expresar que contrajo el coronavirus por miedo a la discriminación por parte de sus vecinos.
“En muchas de las zonas donde nosotros nos abocamos, las personas tienen miedo a expresar su sintomatología por el rechazo que muchas veces se ve hacia las personas que tienen la enfermedad”, declaró a la AFP la doctora Wendy Requeno, de 29 años, quien trabaja con MSF hace seis años.
“La salud es uno de los derechos universales que no se le puede negar a nadie, independientemente de la característica que tenga el paciente”, enfatizó Requeno.
El personal médico se desplaza con cautela por la posibilidad de enfrentamientos entre las pandillas o entre pandilleros y las fuerzas de seguridad.
“Siempre se tiene un poco de temor”, dice Requeno, pero agrega hasta ahora MSF ha podido desplazarse en la zona “sin ningún tipo de dificultad”.
Con 6,6 millones de habitantes en un territorio de 20.742 km2, El Salvador acumulaba hasta este lunes 17.843 casos de COVID-19, con 477 fallecidos.
