La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un decreto que otorga seguro y compensación económica a familiares de personal de salud fallecido por COVID-19, en período comprendido entre el 14 de marzo al 23 de julio de 2020. La medida no cuenta con el visto bueno del presidente Nayib Bukele.
La legislación que estuvo entrampada en discusiones entre el Legislativo y el Ejecutivo por meses, vio la luz hasta este mes diciembre, después de la intervención de la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con lo publicado en una nota de prensa del parlamento, el decreto original aprobado establecía la responsabilidad del Estado en la protección del personal médico, por lo que estipulaba la obligación de dotarles del equipo médico adecuado y de capacitarles en los protocolos de atención a los pacientes para hacer frente a la pandemia.
Sin embargo, la iniciativa fue “vetada en primera instancia por la Presidencia de la República” razón por la que tuvo que ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia, que determinó la constitucionalidad de la ley”.
Lo anterior dio pie para que la Comisión de Salud que posee el Parlamento salvadoreño discutiera y aprobara la Ley Especial Transitoria para la Constitución del Fondo de Compensación Económica para Familiares del Personal de Salud.
La ley, que vio la luz los últimos días de este diciembre, fija “entregar una compensación económica de 30 mil dólares a los familiares del personal médico y trabajadores de la red pública... que hubiesen fallecido a consecuencia del COVlD-19 o sus complicaciones, bajo sospechas de coronavirus y de neumonías atípicas, durante el período comprendido entre el 14 de marzo al 23 de julio de este año”.
Anteriormente el Congreso también aprobó y la Ley Especial Transitoria para Contener la Pandemia de COVID-19, la cual dejó sin efectos las órdenes del Ministerio de Salud para decretar cercos sanitarios en zonas donde hay aumento de casos de coronavirus, dando prioridad al derecho de los ciudadanos a libre circulación.
La medida que generó controversia entre la administración Bukele y los parlamentarios, también fue resuelta por la Corte Suprema de justicia a favor del congreso. Esto generó reacciones por parte del presidente. A través de su portal web presidencia citó que la ley “deja inerme al Ministerio de Salud”, lo que es crítico debido al aumento de casos por COVID-19 en ese país.
