Mientras analistas políticos en El Salvador consideran que el país centroamericano no tiene la capacidad para recibir migrantes solicitantes de asilo; el gobierno de Estados Unidos dio a conocer el 15 de diciembre que el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) inicia su implementación. Esto significa que además de deportados salvadoreños, El Salvador comenzará a recibir migrantes de otras nacionalidades.
El ACA fue firmado entre el gobierno salvadoreño y la administración Trump en septiembre de 2019. La esencia del acuerdo es que El Salvador recibirá a personas, sin restricción de nacionalidad, que soliciten o hayan solicitado asilo en Estados Unidos. Asimismo, el país centroamericano no podrá retornar ni expulsar a los solicitantes una vez estén en territorio salvadoreño. El ACA en El Salvador se une a otros acuerdos migratorios que Estados Unidos tiene con Honduras y Guatemala.
“La implementación del Acuerdo de Cooperación de Asilo entre Estados Unidos y El Salvador es un paso crítico en el establecimiento de un enfoque verdaderamente regional de la migración y, más específicamente, para ofrecer protección a los migrantes que son víctimas de persecución”, dijo el Secretario interino de Seguridad Nacional, Chad F. Wolf en un comunicado donde se anunció el acuerdo.
Ariel Ruíz, investigador del Instituto para las Políticas Migratorias (MPI por sus siglas en inglés) considera que el ACA no tiene futuro luego del resultado de las elecciones en Estados Unidos. “La implementación del acuerdo con El Salvador en este momento es más simbólica que pragmática. El programa no tiene un futuro bajo la presidencia de Biden”, dijo. Mientras que el experto en relaciones internacionales, política exterior e integración centroamericana Napoleón Campos añade: “Este es el tipo de acuerdos migratorios que el presidente electo Biden señaló como políticas migratorias draconianas. A lo mejor se trata de un acuerdo que solo dure tres o cuatro meses”.
Por medio del ACA, Estados Unidos busca frenar la migración ilegal y enfrentar “la crisis humanitaria y de seguridad en la frontera suroeste”. De ese modo, lo expresó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) en un comunicado publicado por la embajada estadounidense en El Salvador.
La Voz de América solicitó una entrevista con la canciller de El Salvador, Alexandra Hill, para hablar sobre la implementación del acuerdo. Algunas de las preguntas que no ha respondido el gobierno salvadoreño son: ¿Qué ofrece El Salvador a estos migrantes? ¿Tiene o no la capacidad para recibir solicitantes de asilo? Sin embargo, no hubo respuesta a la gestión.
Hill dijo el año pasado que el ACA no era similar al acuerdo migratorio firmado por Guatemala y que éste no significa que El Salvador sea un “tercer país seguro” para los migrantes de otras nacionalidades. “Este es un acuerdo de fortalecimiento para la protección de nuestros migrantes en temas de seguridad, de no violación de derechos y de cómo El Salvador puede ayudar a este grupo mínimo de personas que pasa por el país”.
Pero Bill Frelick, director de la división para Migrantes y Refugiados de Humans Right Watch opina que los acuerdos de cooperación de asilo suelen ser acuerdos de terceros países seguros. “La legislación estadounidense y la práctica internacional para acuerdos de terceros países seguros se basan en la idea de que hay dos países que tienen esencialmente los mismos estándares, los mismos procedimientos, por lo que tiene sentido de alguna manera poder transferir a un solicitante de asilo de un país a otro”. No es el caso de los países del Triángulo Norte, añadió.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad en Estados Unidos, en la sección 208, expone que para que un país proporcione asilo y sea considerado “seguro” se debe otorgar "acceso a procedimientos completos y justos para el asilo o para una protección temporal comparable" al país que el inmigrante lo solicita inicialmente, en este caso Estados Unidos.
¿El Salvador, país seguro?
No obstante, organizaciones no gubernamentales y analistas en política exterior consultados por este medio opinan que los países del Triángulo Norte en absoluto pueden considerarse países seguros ni son comparables en términos económicos y de sostenibilidad con la nación norteamericana.
Arnau Baulenas, abogado español y salvadoreño, coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) cuestiona: “¿Cómo El Salvador va a recibir a migrantes que han huido de aquí? ¿Cómo esperan dar protección a migrantes de otras nacionalidades cuando los mismos salvadoreños han migrado de su país?.
El Salvador inició el acuerdo el 15 de diciembre. Hasta el momento no hay datos sobre cuántos vuelos con solicitantes de asilo ha recibido. Mientras que Guatemala recibió 939 migrantes entre el 21 de noviembre de 2019 y el 16 de marzo de 2020 y de éstos, solo 20 ingresaron los procedimientos de asilo establecidos en el acuerdo migratorio.
“Lo que Estados Unidos ha hecho realmente es forzar a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras a firmar estos acuerdos a riesgo de perder la ayuda exterior, y esto no es compartir la carga (de la solicitud de asilo). Esto es una versión en la que la carga se traslada a los países que tienen mucha menos capacidad para integrar a los refugiados y que de ninguna manera tienen sistemas e infraestructura comparables para proporcionar lo que exige la ley estadounidense, que es el acceso a un procedimiento completo y justo”, dijo Frelick.
El director del área de Migrantes y Refugiados de Humans Right Watch agregó que en Guatemala no hay procedimientos “justos” en las solicitudes de asilo, pues el proceso es engorroso y tardío. Además de que debe ser aprobado por funcionarios de alto nivel. Del mismo modo, las personas que reciben las solicitudes de asilo no han sido capacitados para la tarea.
El gobierno de El Salvador aún no explica cómo será el mecanismo para implementar el ACA. Sin embargo, el Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI) y otras organizaciones en Centroamérica piden a los gobiernos del Triángulo Norte que retrocedan ante estos acuerdos.
“No estamos de acuerdo en que a nuestros países se les elija como protector de nuestros propios ciudadanos que están solicitando asilo. Esto es una violación muy grande a los principios fundamentales internacionales de respeto a la persona y sus derechos. Nuestros líderes tienen que estar enfocados en proteger a nuestros migrantes”, dijo César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante.
Asimismo, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia en El Salvador para detener el acuerdo bilateral. En la demanda exponen que dicho acuerdo es inconstitucional porque obliga a un país a recibir a toda persona que solicite asilo, refugio u otra protección equivalente en Estados Unidos. Del mismo modo, que atenta contra los derechos humanos de las personas que no pueden elegir el país donde refugiarse.
Entre enero y noviembre de este año, 87.730 personas fueron deportadas a los países del Triángulo Norte. El 47.1 % fue deportado desde Estados Unidos y el 52.3 % desde México. Aún así estos países se preparan para recibir no solo a sus migrantes sino a solicitantes de asilo de otras nacionalidades.
