La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el viernes medidas cautelares para todo el plantel de periodistas del periódico salvadoreño digital El Faro, tras considerar que se encuentran en una situación de "gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos" por amenazas recibidas por su labor.
De acuerdo con la CIDH el gobierno de Nayib Bukele debe adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de los 34 periodistas miembros de la redacción de El Faro.
Las medidas llegan después que la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaran la petición ante el organismo de derechos humanos, el 6 de noviembre del 2020, y busca que los profesionales de la comunicación "puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio a la libertad de expresión".
La CIDH estableció que la información recibida sobre la situación de riesgo de los empleados, la que fue valorada y contextualizada, sugiere que los presuntos actos de hostigamiento “tendrían como propósito no solo intimidarlos, sino también obstaculizar aquellas actividades derivadas de sus labores periodísticas”.
De acuerdo con información publicada por el propio periódico El Faro y otros medios salvadoreños, muchas empresas de comunicación han tenido que enfrentar bloqueos y amenazas por partes de instituciones de gobierno dese desde la llegada a la presidencia de Nayib Bukele.
“El Faro ha enfrentado bloqueos a conferencias de prensa; amenazas de instituciones de Gobierno que han dificultado el trabajo periodístico de fiscalización y rendición de cuentas; campañas de desprestigio a través de artículos anónimos publicados en medios de comunicación bajo tutela del Estado; estigmatización y acoso en las conferencias de prensa; seguimientos a periodistas y auditorías a la contabilidad del periódico que exceden lo tributario”, citó el periódico.
Por su parte el presidente salvadoreño en repetidas ocasiones ha acusado a El Faro y a otros medios de “publicar mentiras", en especial después que el medio digital sacara a luz una investigación señalando a la administración Bukele por presuntamente negociar con pandillas a cambio de la reducción de homicidios y apoyo electoral. Algo que el mandatario niega rotundamente.
Anteriormente el mandatario dijo que era importante preservar la libertad de expresión, aunque sea “incómoda”, y además agregó que como administración tenían derecho de réplica. “Lo que también se vale es que uno conteste”, puntualizó el mandatario en una cadena nacional.
Según un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró durante el primer año de gobierno de Bukele 61 casos de agresiones contra periodistas provenientes del Poder Ejecutivo, funcionarios y fuerzas de seguridad.