El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, dijo el jueves que según los acuerdos internacionales, los gobiernos están obligados a brindar protección a sus connacionales, tanto dentro como afuera de sus fronteras.
"Este principio llama a los estados a no expulsar o deportar ciudadanos, pero también establece la prohibición de denegar el derecho a regresar, nadie puede ser privada del derecho a regresar", dijo Hernández en una conferencia virtual organizada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), en donde abordaron la situación de los miles de salvadoreños que se encuentran varados en el extranjero y a quienes el gobierno se ha negado a repatriar.
La referencia del presidente de la CIDH es al documento firmado en diciembre de 2019 llamado, Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas.
Hernández dijo que, basándose en esos principios, los países deben brindar opciones a sus ciudadanos para poder retornar de manera ordenada y bajo los estándares necesarios de salud.
"El Salvador tiene una red consular bien desarrollada que podría coordinar la asistencia que genere las opciones para que puedan retornar a sus nacionales, otros países lo han hecho, entendemos que cada país tiene una capacidad económica distinta, pero hay cooperación internacional que puede ayudar para poder retornar", aseguró.
Por su parte, Apolonio Tobar, procurador de los Derechos Humanos, dijo que la negativa del gobierno, liderado por el presidente Nayib Bukele, por retornar a los salvadoreños varados, incumple con los llamdos y mandatos que ha dictaminado la Corte Suprema de Justicia.
"El Estado debe responder a sus ciudadanos, estén donde estén, independientemente de su condición médica, deben darles a ellos la atención médica respectiva", dijo el procurador, en alusión a los comentarios vertidos recientemente por el presidente Bukele de que la razón por la que no pueden traer a los salvadoreños en el exterior es porque podrían estar contagiados de coronavirus y llegarían a enfermar a otros.
"No es correcto que autoridades nacionales señalen que salvadoreños varados en exterior están contagiados de COVID-19; es lamentable que además sufran estigmatización", aseguró Tobar.
Al respecto, José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Right Watch, dijo que la postura del presidente Bukele muestra más un capricho al negarse a acatar los llamados de judiciales.
"Hay muchos países del mundo que tienen una situación similar a la de El Salvador, con aeropuertos cerrados, pero han hecho todos los esfuerzos para que sus ciudadanos regresen, lo excepcional es que los gobiernos hagan lo posible e imposible para evitar que regresen, y es interesante porque estamos ante un gobierno, presidido por el señor Bukele que, si no fuera por la intervención de las máximas autoridades judiciales y de las instituciones de derechos humanos, el gobierno habría negado la entrada a sus connacionales", dijo Vivanco.
Agregó que las normas actualmente en vigencia "establecen que no hay emergencia posible que le permita al ejecutivo caprichosamente a que prohíba el ingreso de connacionales a su país".
Según datos del ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, alrededor de 4.500 salvadoreños se encuentran varados en distintos países del mundo, desde que el gobierno decidió cerrar las fronteras a vuelos extranjeros.
Recientemente, la cancillería anunció que iniciarán un plan de retorno gradual de los varados que tardaría un promedio de 14 semanas para que sean todos retornados.
