La decisión del Gobierno de El Salvador incrementar el número con miembros del Ejército en apoyo a las acciones de combate a la delincuencia despierta dudas sobre el trabajo de los policías en seguridad pública.
La inquietud radica en la efectividad del modelo policial de seguridad pública y contradice los informes oficiales acerca de los indicadores que apuntan a una reducción de los homicidios.
El Gobierno salvadoreño anunció que el número de elementos de la Fuerza Armada que se sumará a las tareas de apoyo en la seguridad pública se duplicará en los próximos cinco años y pasará de 20.000 a 40.000 efectivos.
Oscar Picardo, director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Francisco Gavidia, dice que la medida no corresponde al esquema democrático de una sociedad.
“Nos parece algo que no corresponde a una democracia, necesitamos más maestros mejor educación, mejor la situación de criminalidad del país es un proyecto de largo plazo y que tiene que ver con el sistema educativo no con más represión y violencia, yo creo que debemos tener cuidado en buscar esos equilibrios, estamos transformando en un bastión militarista que es peligroso", dijo Picardo.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele diseñó el plan denominado “Control Territorial” como la estrategia para responder al problema de inseguridad.
Según Carlos Marroquín, director de la gubernamental oficina de Tejido Social, este plan tiene diversos componentes que incluyen programas de prevención y "el plan control territorial tiene una atención holística, significa que no es solo represión, las comunidades van a seguir teniendo la dirección de tejido social para seguir acampanándoles para seguir generando procesos de prevención de la violencia, vienen fondos de becas".
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