Cinco exfuncionarios del gobierno del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, hoy prófugo de la justicia y asilado en Nicaragua, fueron capturados el jueves 22 de julio por orden de la Fiscalía salvadoreña.
El Ministerio Público de El Salvador señala a la exalcaldesa de San Salvador Violeta Menjivar, al exministro de Hacienda Carlos Cáceres, la exviceministra de Ciencia y Tecnología Erlinda Handal, el exviceministro de Agricultura Hugo Flores y el exdiputado Calixto Mejía de haber cometido lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito entre 2009 y 2014.
La Fiscalía busca además a Gerson Martínez y Manuel Quinteros, exviceministros de Obras Públicas; a Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente; a José Guillermo López, exministro de Agricultura y al expresidente Salvador Sánchez Cerén, quien gobernó el país entre 2014 y 2019 bajo el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y fue vicepresidente de El Salvador en el período que abarca la investigación fiscal.
A excepción de Gerson Martínez, la Fiscalía sostiene que los últimos se encuentran fuera del país, por lo que pedirá una orden de difusión roja a la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol. Mientras tanto, no pueden ser considerados prófugos de la justicia ni tener difusión sin que un juez lo autorice.
¿De qué se les acusa?
Entre 2009 y 2014, período en que gobernó el expresidente Mauricio Funes, la Asamblea Legislativa aprobó alrededor de 80.8 millones de dólares para la partida de “gastos reservados de la presidencia” o partida secreta, como se conoce la cuenta financiada dentro del presupuesto general de la nación.
Esta partida ha sido manejada de forma discrecional por los presidentes de turno, por lo que su uso ha generado polémica durante años debido a la facilidad con la que puede ser utilizada para beneficio personal y no de la función pública.
El fiscal general salvadoreño, Rodolfo Delgado González, dice que las capturas de los exfuncionarios provienen de investigaciones iniciadas en 2019 en torno a esa partida, que según el Ministerio Público pasó de 80 a 351 millones de dólares en el periodo de Funes.
Un fondo del que supuestamente se pagaron sobresueldos, es decir bonos extras al salario de los funcionarios para premiar favores políticos.
La Fiscalía asegura que los capturados no solo recibieron sobresueldos de entre 174.000 y 565.000 dólares, sino que algunos propiciaron transferencias de fondos sin autorizaciones de la Asamblea.
“Todas estas personas recibían entregas de dinero en efectivo y en montos diferenciados mensualmente adicionales al salario que por ley les correspondía”, afirmó Delgado.
Mauricio Funes, quien fue presidente en el periodo investigado, aseguró en la red social Twitter que las capturas no obedecen a una ampliación del caso iniciado en 2019, pues “esas imputaciones nunca formaron parte de las investigaciones”.
Denuncian detenciones arbitrarias
Los rotativos salvadoreños reportaron que al abogado de Violeta Menjívar, José González Castro, se le impidió la asistencia a su defendida en las primeras horas de su captura, pese a haber presentado su identificación en la entrada de la delegación policial.
Asimismo, la jefa de fracción del partido de izquierda FMLN, Nidia Díaz, dijo que a Menjívar no le notificaron las razones de su captura y la llevaron sin motivos conocidos. “Exigimos que se siga el debido proceso y el respeto a los derechos humanos”, agregó.
También, a criterio del secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, las detenciones han sido violatorias de los derechos humanos y sobre todo, de los derechos civiles.
“Lo que estamos viendo ahora tiene el propósito de callar las voces críticas, de amenazar todo tipo de oposición, de chantajear la diferencia y sobre todo, lo que nunca jamás pensamos que volvería a El Salvador: la persecución política contra todo aquello que suponga al actual régimen”, dijo.
No obstante, el fiscal general aseguró que no se trata de persecución política y agregó: “Esto es persecución de ladrones que se escudan en discursos políticos, en los cargos que ejercieron, en su pasado histórico y en la supuesta reivindicación de los salvadoreños”.
Ortiz basa sus señalamientos en los procesos políticos que ha atravesado El Salvador en los últimos meses tras la llegada de Nayib Bukele al poder Ejecutivo y la configuración de la nueva Asamblea Nacional.
Los opositores y parte de la comunidad internacional como Estados Unidos y la representación diplomática de la Unión Europea en El Salvador, han señalado como “inconstitucionales” algunas acciones tomadas por el Estado salvadoreño relativas a procesos democráticos e independencia de poderes.
Por el momento, la policía ha justificado las capturas basada en el artículo 233 de la Constitución salvadoreña, que faculta a la institución aprehender a quienes tengan ordenes administrativas y judiciales.
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