La administración Biden exigió este domingo que Texas detenga inmediatamente sus esfuerzos para bloquear el acceso de la Patrulla Fronteriza a un parque público, utilizando barreras y tropas, en la ciudad fronteriza de Eagle Pass. Obstáculos que incomodaron la misma ciudad, como dijo su alcalde Rolando Salinas:

“Esa no es una decisión con la que estuvimos de acuerdo. Eso no fue algo que solicitamos como ciudad.”

En esta sección muy transitada del Río Grande, el viernes pasado, una mujer y dos niños se ahogaron después de que funcionarios estatales, según la Patrulla Fronteriza, prohibieron a sus agentes entrar al área.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, las acciones de Texas son inconstitucionales, porque solo el gobierno federal tiene la autoridad para hacer cumplir la ley de inmigración.

Jonathan Meyer, asesor general del Departamento de Seguridad Nacional dijo:

“Texas ha demostrado que incluso en las circunstancias más exigentes, no permitirá que la Patrulla Fronteriza acceda a la frontera para realizar actividades de aplicación de la ley y de respuesta a emergencias”.

La disputa llegó ahora hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, y la Casa Blanca le pidió que intervenga rápidamente en el asunto.

Texas niega las acusaciones de haber bloqueado el rescate de los migrantes ahogados y dijo que los agentes fronterizos tienen acceso al Río Grande. Al mismo tiempo su gobernador, Greg Abbott, admitió la semana pasada en un programa radial, que Texas hace lo posible para impedir que la gente cruce.

“Lo único que no estamos haciendo es no disparar a las personas que cruzan la frontera porque, por supuesto, la administración Biden nos acusaría de asesinato”.

Si bien Texas afirmó haber reabierto el uso del parque, el estado continúa impidiendo la entrada de la Patrulla Fronteriza, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Lo cual advirtió sobre posibles acciones del Departamento de Justicia, después del 17 de enero, si el estado no modifica su plan.