Estados Unidos condenó el lunes la violencia y las violaciones de derechos humanos cometidos por el gobierno nicaragüense en la represión de las protestas callejeras y dijo que la responsabilidad de los disturbios era de los líderes del país.
“Estados Unidos condena fuertemente la actual violencia en Nicaragua y las violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen de Ortega en respuesta a las protestas”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.
“El presidente Ortega y la vicepresidente Murillo son los responsables de la parapolicía progubernamental que ha brutalizado a su propio pueblo”, agrega el comunicado.
“Las elecciones libres, justas y transparentes son la única vía hacia la restauración de la democracia en Nicaragua. Apoyamos el proceso de Diálogo Nacional dirigido por la Iglesia Católica para negociaciones de buena fe”, indica la Casa Blanca.
La administración Trump ha designado a tres funcionarios nicaragüenses -Francisco Díaz, Fidel Moreno y Francisco López- en virtud de la Ley Global Magnitsky por abusos contra los derechos humanos y corrupción. Mediante estas sanciones, Estados Unidos está demostrando que detendrá a los funcionarios del gobierno de Ortega que autorizan la violencia y los abusos o que roban al pueblo nicaragüense la responsabilidad de sus acciones. Estos son un comienzo, no un final, de posibles sanciones.
Estados Unidos está revocando o restringiendo las visas de funcionarios nicaragüenses y sus familias cuando esos funcionarios han sido responsables de la violencia policial contra manifestantes y autoridades municipales, cuando han apoyado la violencia parapolicial pro gobierno o cuando han impedido que las víctimas reciban atención, señala el comunicado de la oficina de la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca.
