Al igual que la comunidad internacional y el gobierno estadounidense, el propio hermano del presidente de Nicaragua, Humberto Ortega Saavedra, señaló a Daniel Ortega como “el principal responsable” de la violencia y la represión en el país centroamericano.
En una entrevista realizada por la cadena CNN, el exjefe del ejército de Nicaragua, Humberto Ortega, señaló que el gobierno no supo responder adecuadamente a las protestas pacíficas y abogó por el desarme de los grupos paramilitares.
“El Estado que tiene un gobierno, debió haber sabido controlar las manifestaciones públicas que en su consideración alteraban la Ley”, dijo el exjefe militar al analizar la situación de crisis que se vive en Nicaragua desde hace tres meses y que ha cobrado la vida de al menos 448 personas, según organismos de derechos humanos locales.
“Pero la forma en que fueron reprimidas las protestas pacíficas han demostrado que el gobierno no supo manejar esa situación y lleva la carga fundamental de la responsabilidad de toda esta situación represiva que se vivió y que ha causado tantas muertes acá en Nicaragua”, afirmó Ortega.
Por su parte, el presidente Daniel Ortega y su esposa, también vice presidenta, Rosa Murillo, han rechazado las acusaciones y atribuyen la responsabilidad a grupos terroristas financiados por sus opositores que buscan protagonizar un golpe de estado.
¿Qué hacer con Nicaragua?
En el ámbito internacional tenemos a la mayoría de los países en la región en contra de la represión en Nicaragua que se evidenció hace poco con la aprobación de una resolución en la OEA en la que condena las violaciones de derechos humanos en el país centroamericano.
Al mismo tiempo, el Congreso de Estados Unidos aprobó también una resolución rechazando las represión a los manifestantes pacíficos en los últimos tres meses.
Incluso, legisladores estadounidenses en Miami están trabajando para penalizar públicamente a Daniel Ortega por la violencia en Nicaragua, pero al mismo tiempo buscan salidas y alternativas para los nicaragüenses que viven en EE.UU.
La congresista Eliana Ros-Lehtinen, dijo que la resolución aprobada en el Congreso fue el primer paso de un plan de cuatro puntos para penalizar a Ortega.
Según un artículo publicado en el Miami Herald, su proyecto incluye limitar los préstamos estadounidenses al gobierno de Ortega hasta que implemente reformas democráticas, más sanciones a individuos que pueden ser vinculados con actos violentos contra manifestantes antigubernamentales y echar atrás la decisión del gobierno de Trump de poner fin a un programa que ha permitido a miles de nicaragüenses vivir y trabajar en Estados Unidos sin temor a la deportación conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS).
“No quisiera comparar atrocidades, pero Nicaragua es un país más pequeño que Venezuela, con menos población, y tuvieron casi 400 muertos y la comunidad internacional se encoje de hombros”, dijo Ros-Lehtinen. “Si vamos a decir que la situación en Nicaragua es terrible, ¿por qué entonces vamos a deportar a tantos nicaragüenses cuando estamos diciendo que el país está en el caos político?”, expresó Ros-Lehtinen.
La legisladora Ros-Lehtinen ha enviado una carta firmada por cuatro de los cinco representantes federales de Miami-Dade al presidente Donald Trump, en la que le piden cambios en la designación del TPS para nicaragüenses que viven en EE.UU.
En Miami-Dade vive aproximadamente una tercera parte de todos los nicaragüenses establecidos en Estados Unidos.
El amparo para los nicaragüenses bajo el TPS vence en enero de 2019.
Del mismo modo, el senador Marco Rubio, contempla la posilibidad que se produzca una guerra civil en Nicaragua dada las condiciones de violencia que se viven día a día. Para Rubio, eso “provocaría una crisis migratoria. Eso socavaría nuestros esfuerzos antinarcóticos en la región”.
Pese a la crisis que se vive en Nicaragua, la congresista Ileana Ros-Lehtinen, sostiene que existe una preocupación de seguridad nacional sobre cómo actuar frente a lo que está sucediendo, pero descarta que se pueda producir una acción militar por parte de EE.UU. en territorio nicaragüense.
Para Ortega Saavedra, en la entrevista con CNN, la solución está en el desarme de los grupos paramilitares, pero dentro del mecanismo del diálogo nacional y que ese diálogo debe seguir siendo mediado por la Conferencia Episcopal.
También considera necesario la convocatoria adelantada de las elecciones, algo que su hermano, el presidente Daniel Ortega ha rechazado afirmando que se quedará en el poder hasta el 2021.
Para que el diálogo sea efectivo debe existir un garante y Ortega Saavedra considera que debe ser Naciones Unidas ya que los obispos no tienen esa capacidad.
