Trump está acusado de ocultar un pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, justo antes de las elecciones de 2016, para evitar que hablara públicamente sobre su afirmación de que mantuvo un affaire de una noche con él en un torneo de golf de celebridades una década antes, más de cuatro meses después de que la esposa de Trump, Melania, diera a luz a Barron, el hijo de la pareja que ahora tiene 18 años.
Asimismo, la imputación alega que una ex conejita del año de Playboy, Karen McDougal, dice que tuvo una aventura de un mes con Trump y que un editor sensacionalista le pagó 150.000 dólares con los que compró los derechos de su historia y luego, a instancias de Trump, eliminó el artículo.
Trump ha negado ambos señalamientos y los 34 cargos que enfrenta en el caso de Nueva York, incluido el de haber ordenado a su antiguo mediador político, el convicto por perjurio Michael Cohen, que hiciera el pago a Daniels y luego le reembolsara durante el primer año de su presidencia en 2017, mientras asentaba los estipendios mensuales de Cohen en los registros comerciales de Trump como gastos legales.
Al llegar al juicio el martes, Trump le dijo a los periodistas: “Le estaba pagando a un abogado y lo anoté como gasto legal. Eso es exactamente lo que era".
Alterar los libros de contabilidad de su empresa sería un delito menor, pero para condenar a Trump por un delito más grave, los fiscales tendrán que convencer a los jurados de que cometió un delito subyacente, como tratar de influir en el resultado de las elecciones de 2016 manteniendo información sobre los presuntos asuntos de los votantes.
No es ilegal pagar dinero para mantener silencio, y Trump puede afirmar que los pagos se hicieron simplemente para evitar la divulgación de detalles personalmente comprometedores de su vida, no para tratar de influir en las elecciones de 2016.
El eventual jurado de 12 miembros tendrá que llegar a una decisión unánime de veredicto de culpabilidad o absolución. Si los jurados no logran llegar a un acuerdo entre ellos, se produciría lo que se llama un “jurado en desacuerdo”, lo que dejaría a los fiscales decidir si buscan un nuevo juicio.
Cada uno de los cargos conlleva la posibilidad de una pena de prisión de cuatro años, aunque Trump seguramente apelará cualquier veredicto y sentencia de culpabilidad.
El caso de Nueva York es una de las cuatro acusaciones penales sin precedentes que enfrenta Trump y que abarcan 88 cargos, todos los cuales ha negado.
Dos de las otras acusaciones, una estatal y otra federal, le achacan a Trump el intentar revertir ilegalmente su derrota de 2020, mientras que la tercera alega que se llevó –también de manera ilegal- cientos de documentos de seguridad nacional altamente clasificados a su propiedad junto al mar en Florida cuando terminó su mandato presidencial y luego rechazó las solicitudes de los investigadores para devolverlos.
No se han fijado fechas firmes para el juicio en ninguno de esos tres casos y Trump ha tratado de retrasar las fechas de inicio hasta después de las elecciones.
Si Trump gana, podría solicitar que sean desestimados los cargos federales. En cualquier caso, si vuelve a asumir el poder, no sería juzgado durante su presidencia.
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