La autoridad electoral de Venezuela anunció este miércoles que decidió cambiar para el próximo 25 de mayo las elecciones legislativas y regionales previstas inicialmente para el 27 de abril, argumentando que busca “facilitar y promover la participación de los diferentes actores de la sociedad”.
Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), precisó que el cambio de fecha de la elección de parlamentarios, gobernadores de estados y consejos legislativos regionales es “producto de la sugerencia de los distintos factores democráticos del país”.
Cuando anunció la convocatoria para la fecha original, Amoroso dijo que las organizaciones con fines políticos y los candidatos deben firmar un documento en el que se comprometen a “respetar y acatar todos los eventos concernientes a la elección”, incluyendo los resultados emitidos por el CNE.
Requisitos de la oposición
Previamente, este mismo miércoles, la coalición de partidos opositores de Venezuela anunció que para considerar “cualquier participación” en las próximas elecciones deben cumplirse varios requisitos, entre ellos una negociación basada en el reconocimiento de que el excandidato opositor, Edmundo González, ganó las elecciones presidenciales de 28 de julio (28J).
“Mantener vigente la lucha por el respeto a la Constitución y el 28J implica analizar las condiciones establecidas en la convocatoria anticipada”, subraya el texto.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), además, exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos y asilados en embajadas. También pidió garantías para que quienes están exiliados puedan volver a Venezuela, país sumido en una larga crisis política.
El cese de la represión y persecución de quienes exigen respeto a los resultados de las elecciones del 28 de julio del año pasado; la restitución de derechos políticos; la posibilidad de disponer libremente de su símbolo electoral, conforme a sus normas y reglamentos, son otros de los requisitos.
“También deben garantizarse las condiciones electorales por las que hemos venido luchando, incluyendo, entre muchas otras, la existencia de un árbitro electoral confiable, que respete los resultados, así como la presencia de una observación internacional calificada”, precisa un comunicado.
El gobernante Nicolás Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado, pero la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, denunció fraude y le atribuyó la victoria a González, quien se encuentra actualmente en el exilio.
González, de 75 años, había dicho que volvería a Venezuela para asumir el cargo de presidente el 10 de enero, pero ese día anunció que el viaje fue postergado por razones de seguridad, y aseguró que continúa buscando las condiciones para regresar.
A pesar de la insistencia de parte de la comunidad internacional que pidió resultados transparentes y verificables, el CNE no ha divulgado datos disgregados, mientras que la oposición publicó actas que conservaron sus testigos de mesa.
Varios países no reconocen a Maduro como presidente.
La PUD insistió en que la reconstrucción de una “ruta electoral” pasa por la recuperación de condiciones políticas, institucionales y garantías electorales “reales” que permitan que cualquier convocatoria pueda reputarse como “una verdadera elección”.
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha insistido en que hasta que no se respete el resultado de las elecciones presidenciales no procede participar en elecciones de ningún tipo.
Este miércoles Machado dijo valorar la decisión de los partidos políticos opositores e insistió en que "prestarse a la farsa que impone Maduro es desconocer" el mandato popular.
"Quienes no cedan ante amenazas, trampas y chantajes, serán reconocidos por un país que exige trabajo, coraje e inteligencia de la dirigencia política para desalojar a la tiranía. Que pongan la fecha que les dé la gana. El pueblo venezolano les dará una nueva derrota", escribió en X.
En su informe final divulgado esta semana, la misión técnica del Centro Carter, invitado por el CNE producto de los acuerdos firmados por el gobierno y la oposición en Barbados, recomendó a las autoridades venezolanas demostrar “respeto por la voluntad de los ciudadanos venezolanos permitiendo una revisión transparente e independiente” de los resultados electorales.
El Panel de Expertos Electorales de la ONU desplegado para las elecciones presidenciales afirmó en un informe que inicialmente sería de carácter privado, que la gestión de resultados de la autoridad electoral no cumplió con los “requisitos básicos de transparencia e integridad” esenciales para celebrar elecciones creíbles.
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