El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtió el martes que el Estado desatará todo su poder en contra de las pandillas que emboscaron y asesinaron a tres policías cuando patrullaban una populosa comunidad del oeste del país.
“Quiero informarles que hoy sucedió un ataque contra las fuerzas policiales. Esto es inédito, tener un ataque contra policías es algo muy duro y nos demuestra que las pandillas siguen allí con fuerza para atacar”, dijo el mandatario en conferencia de prensa en la Casa Presidencial.
Visiblemente molesto, confirmó que tres agentes de la Policía Nacional Civil — dos hombres y una mujer — murieron en una emboscada perpetrada por supuestos pandilleros en la comunidad de La Realidad, del municipio de Santa Ana, a 56 kilómetros (34 millas) al noroeste la capital, San Salvador.
El Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil identificó a los fallecidos como el inspector Carlos Mauricio Velásquez Rodríguez, y los agentes Franklin Antonio Lemus Mágico y Martha Lisseth Alas González.
“Van a pagar caro por el asesinato de estos tres héroes que dijeron su vida por proteger a la población”, dijo Bukele, añadiendo que los “pandilleros son tontos” si pensaron que asesinar policías obligaría al gobierno a dar marcha atrás en su lucha contra estos grupos criminales.
“No vamos a retroceder. Y si ellos pensaban que se había desatado la fuerza del Estado sobre los criminales, pues ahora verán la verdadera fuerza del Estado”, advirtió.
El 26 de marzo, cuando se registraron 26 homicidios en un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en años, Bukele le pidió al Congreso que aprobara el estado de excepción, que limita la libertad de asociación y suspende el derecho a ser debidamente informado de los derechos y razones del arresto, así como el de asistencia de un abogado.
Antes del amanecer del 27 de marzo, horas después que el Congreso aprobase el estado de excepción, unidades policiales y militares fuertemente armadas irrumpieron en barrios y comunidades populosas, bastiones de las pandillas. Fueron puerta por puerta arrestando a números jóvenes, además de imponer restricciones al movimiento.
En tres meses, se ha detenido a más de 43.000 presuntos pandilleros, una cifra considerable en un país de 6,5 millones habitantes. Según la información oficial, los jueces decretaron detención provisional para más de 36.000 personas acusadas de delitos como homicidio, extorsión, posesión de armas, agrupación ilícita o de colaborar con pandillas.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas irregularidades, incluyendo detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.
La ONG de derechos humanos Cristosal denunció que ha documentado la muerte de unas 50 personas en cárceles. No hay información oficial al respecto.
Además, le han pedido a Bukele que ponga fin al estado de excepción y que revierta las reformas del Código Penal aprobadas por el Congreso, alegando que atentan contra los derechos de la población.
“Si suspendemos estas medidas contra las pandillas, ese cáncer seguirá creciendo más fuerte”, expresó Bukele, que aprovechó para arremeter contra estas organizaciones afirmando que no se van a pronunciar por el asesinato de los tres policías.
“Los organismos de derechos humanos y las ONG no van a decir nada, porque no les importa. Cuando un pandillero es llevado a la cárcel comienzan a decir ‘pobrecito, no va a comer bien en la cárcel’. Pero están vivos y enfrentando un proceso judicial”, agregó. “Si los pandilleros y sus aliados nacionales e internacionales piensan que esto va a hacer que retrocedamos, se equivocan”.
Advirtió que el gobierno seguirá luchando hasta acabar con las pandillas, aunque reconoció que no será fácil.
Las pandillas, o maras, que se estima que suman unos 70.000 integrantes, están presentes en barrios y comunidades populosas y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte, y asesinan a quines se niegan a pagar, según las autoridades.
En 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
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