El gobierno de Brasil pidió a la Corte Suprema que suspenda inmediatamente una medida dictada por la administración regional de Roraima, estado en la frontera con Venezuela, que restringe el acceso de los inmigrantes y refugiados venezolanos a servicios sociales como la salud y la educación.
Según la Abogacía General de la Unión (AGU), el órgano de asesoría legal de la Presidencia considera las restricciones inconstitucionales por negarle derechos fundamentals como la humanidad y la dignidada los inmigrantes aceptados por Brasil.
Desde un inicio la Defensoría Pública de la Unión (DPU) repudió el decreto alegando que la medida “está en desconformidad con los principios constitucionales que rigen la República Federativa de Brasil en sus relaciones internacionales”y representa “una tentativa de limitar el flujo de venezolanos para el Brasil”.
El gobierno alega que Brasil, como signatario de diversos tratados y acuerdos internacionales que garantizan principios y derechos a los extranjeros en el país, tiene la obligación de contribuir en la universalización de los derechos humanos.
“Teniendo en cuenta lo expuesto, el gobierno pide la inmediata suspensión del decreto referido, así como la declaración de esta medida como un acto atentatorio a la dignidad de la justicia”, según el recurso que la titular de la Abogacía General de la Unión, Grace María Fernandes Mendonça, envió el viernes al Supremo Tribunal Federal.
Roraima, el estado del norte de Brasil por el que entran todos los venezolanos que solicitan refugio en el país, publicó esta semana un decreto que restringe el acceso de los inmigrantes a algunos servicios públicos.
El decreto firmado por la gobernadora de Roraima, Suely Campos, determina que el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos ofrecidos por el gobierno regional, como salud y educación, pasarán a control de las fuerzas de seguridad.
La medida establece que los venezolanos que busquen acceso al hospital General de Roraima, la mayor unidad de emergencia de la región, sean instruidos a acudir a puestos médicos abiertos por el Ejército para atender a los inmigrantes.
Igualmente condiciona la prestación de servicios a que el inmigrante presente su pasaporte, pese a que la gran mayoría no lo tiene, y autoriza a las fuerzas regionales de seguridad a restringir la movilización de los venezolanos.
Según el defensor Leonardo Magalhães, coordinador del grupo de trabajo de asistencia a las víctimas de tráfico de personas, explica que la restricción al acceso de servicios públicos aplica solamente a ciudadanos venezolanos sin pasaporte, lo cual viola completamente los derechos de los extranjeros.
“El decreto tiene muchas inconstitucionalidades y es incompatible con la Ley de Migración brasileña. El gobierno del estado no puede exigir pasaporte, pues el registro provisional del extranjero ya es suficiente. Inclusive, fue publicado un decreto en febrero de este año que facilita el acceso a servicios a esas personas exactamente porque ellas están en extrema vulnerabilidad“, declaró el defensor.
La gobernadora de Roraima ya había presentado en abril un recurso en el que le solicitó a la Corte Suprema el cierre provisional de la frontera de Brasil con Venezuela para frenar la entrada de venezolanos al país, que se calcula en 500 por día.
Roraima, uno de los estados más pobres de Brasil, ha recibido unos 50.000 venezolanos, un porcentaje importante de su población, que han elevado significativamente la demanda por los diferentes servicios públicos en la región.
La gobernación alega que no tiene capacidad para atender esa demanda.
El gobierno de Brasil declaró en febrero pasado la “situación de vulnerabilidad” en Roraima y desde entonces ha puesto en marcha medidas de asistencia humanitaria para los inmigrantes venezolanos, en las que participan el Ejército y organismos internacionales y que incluyen su traslado a otros puntos de Brasil.
