El presidente chileno Gabriel Boric recibió el martes un proyecto de nueva Constitución y convocó a un plebiscito para que el electorado decida si reemplaza a la carta magna vigente impuesta por la dictadura.
Los chilenos, que en septiembre de 2022 rechazaron otro proyecto elaborado por una convención izquierdista, decidirán el 17 de diciembre próximo si aceptan o no un nuevo texto, escrito esta vez por un Consejo Constitucional —de amplia mayoría derechista— cuyos miembros fueron elegidos democráticamente.
La ceremonia se realizó en la sede del Congreso en la capital chilena, con unos 300 invitados entre autoridades de los tres poderes del Estado, líderes políticos y los redactores del proyecto.
Boric recibió el texto de manos de la presidenta del Consejo, la ultraderechista Beatriz Hevia, y lo mostró a los presentes para pronunciar luego un breve discurso.
“Se abre el tiempo definitivo de los ciudadanos y ciudadanas, ahora es su voz y decisión lo que verdaderamente importa”, sostuvo el mandatario.
Agregó que deberán ponderar si el texto permitirá abordar los grandes temas y desafíos del país y “decidir si es que esta es una propuesta que nos une”.
Boric aseguró que si el proyecto es aceptado su gobierno trabajará en su implementación y que si es rechazado se dedicará “a seguir trabajando y gobernando por el bienestar de las personas”.
Enseguida firmó el decreto que convoca a todos los chilenos al plebiscito.
Previamente Hevia había expresado su esperanza de que “podamos cerrar el capítulo constitucional” y a partir del 18 de diciembre “comenzar a construir un Chile más próspero y unido”.
Coincidentes sondeos locales indican que el rechazo al nuevo texto se impondría en las urnas, aunque los últimos días el apoyo ha ido creciendo lentamente.
Si el nuevo proyecto también es rechazado en las urnas, seguirá vigente la carta magna instalada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El gobierno ha dicho que será prescindente durante la campaña electoral que ahora se inicia, aunque Boric declaró a fines de octubre que “acá no hubo una propuesta ni de cerca de ser de consenso”.
El proyecto señala que Chile es un Estado social y democrático que “promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales” a través de instituciones estatales y privadas.
Sin embargo, el oficialismo de izquierda señala que, aunque haya libertad de elección en salud, educación y pensiones, sólo podrán escoger quienes tengan recursos económicos para pagar mejores servicios.
Varios de los artículos han originado controversias, entre ellos el que dice que “la ley protege la vida de quien está por nacer”. El oficialismo estima que, de entrar en vigor, la nueva carta magna podría afectar la aplicación de la ley vigente que autoriza el aborto en tres causales: inviabilidad del feto, peligro de vida de la madre y violación.
Otro artículo permitiría a los condenados a penas de cárcel solicitar al tribunal competente la sustitución de su condena por la reclusión domiciliaria en casos de enfermedad terminal. La izquierda afirma que también se favorecerían los reos condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
También crea el derecho a la “vivienda adecuada” y agrega que el inmueble destinado a la vivienda principal “estará exento de toda contribución e impuesto territorial”, lo que para el oficialismo significaría que las municipalidades dejen de percibir importantes recursos que destinan a obras públicas.
La oposición hará campaña a favor del texto, mientras gran parte del oficialismo anticipó que impulsará el rechazo.
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