El Gobierno de Estados Unidos informó que el presidente Joe Biden no tiene intención de sancionar este viernes el proyecto de Ley Renacer, que esta semana fue ya aprobado por ambas cámaras del Congreso, para "no distraer" de las irregularidades que prevén marquen las elecciones presidenciales de Nicaragua.
"La firma no va a cambiar lo que ya hicieron, que es robarse las elecciones", explicó un alto funcionario de la Casa Blanca en rueda de prensa telefónica. Por ello, agregó, el mandatario no firmará este viernes la ley Renacer para "no distraer de lo que será un claro abuso de poder".
El funcionario, no obstante, recalcó que la firma de la Ley Renacer "va a ser algo que va a formar parte de una respuesta internacional amplia y coordinada".
En este sentido, en respuesta a la Voz de América, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca recalcó, en un correo electrónico, la importancia de una legislación "que manda un fuerte mensaje y ofrece nuevas herramientas para hacer frente al gobierno corrupto y autoritario de Ortega y Murillo, así como a su intento por subvertir las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense".
![La Ley Renacer está destinada a aumentar la presión diplomática sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, que ha arrestado a varios opositores políticos que se postulan en su contra en las elecciones de este fin de semana. [Foto de archivo]](https://gdb.voanews.com/311d0763-d14c-454c-bf21-6e99ed2d4b64_cx0_cy17_cw89_w100_r1.jpg)
El objetivo de la Administración Biden explican desde la Casa Blanca, es que, pasados los comicios, Ortega sienta cómo aumenta la presión diplomática sobre él, gracias a las nuevas herramientas a las que dará acceso la Ley Renacer.
El alto funcionario explicó que existía la posibilidad que el presidente estadounidense emita una declaración sobre Nicaragua el domingo, después de las elecciones. Y resaltó que todas las acciones, bipartidistas, se enfocan en seguir “apoyando al pueblo nicaragüense” en su búsqueda de la democracia.
“Creo que Nicaragua es un área donde demócratas y republicanos coinciden abrumadoramente en la necesidad de trabajar juntos”, citó.
Por su parte Jalina Porter, portavoz del Departamento de Estado, dijo en respuesta a la VOA, que el gobierno de EE. UU. sigue haciendo un llamado al gobierno Ortega-Murillo para que “cese su represión” y permita a los nicaragüenses ejercer sus derechos de reunión pacífica así como sus derechos a la libertad de expresión.
Así mismo pidió “la liberación inmediata” de los contendientes presidenciales, activistas políticos, periodistas, estudiantes y otros miembros de la oposición y la comunidad empresarial detenida durante “la actual ola de represión”.
Porter además hizo énfasis en que Estados Unidos continuará “utilizando las herramientas diplomáticas y económicas” a su disposición para apoyar al pueblo nicaragüense en su búsqueda por la democracia.
Sanciones comerciales
En cuanto a la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA), el vocero de la Casa Blanca explicó que cualquiera que sea la “acción punitiva” sobre el país centroamericano, tendrá que ser “focalizada” y dirigida hacía los actores corruptos para evitar “castigar al pueblo nicaragüense”.
Se debe asegurar, dijo, “que la presión se concentre en ellos y en los que están directamente alrededor de ellos”; además aclaró que independientemente del resultado sobre la membresía de Nicaragua en el tratado, EE. UU. busca trabajar con las otras partes.
El pueblo nicaragüense que vive una crisis política desde 2018, cuando el gobierno reprimió una protesta antigubernamental que exigía la renuncia de Daniel Ortega, quien buscará perpetuarse durante otro mandato este domingo, en unos comicios que han sido tildados de “farsa” por parte de opositores y de la comunidad internacional.
Un terreno abonado
La pareja presidencial, compuesta por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, es acusada de haber instaurado una "dictadura" marcada por la corrupción y el nepotismo, al valerse de todo un arsenal legal para mantenerse en el poder.
En octubre de 2020, un año antes de las elecciones presidenciales, el Parlamento, dominado por el partido de Daniel Ortega, adoptó dos leyes controvertidas.
Una, conocida como la Ley de Agentes Extranjeros, es la que permite controlar a cualquier persona o entidad que reciba fondos del exterior, incluidas las ONG, y que se traduce en una estrecha vigilancia y una severa restricción de los derechos civiles y políticos.
Además castiga con penas de prisión la "publicación o difusión (en redes sociales) de información falsa (o) distorsionada, susceptible de sembrar preocupación, angustia o miedo entre la población".
En diciembre, el parlamento aprobó otra controvertida ley, excluyendo de las elecciones de 2021 a quienes promueven sanciones extranjeras contra Nicaragua, en clara referencia a la oposición.
* Con la colaboración, desde San Francisco, de la periodista Lenny Castro.
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