El 7 de noviembre los nicaragüenses están llamados a las urnas para escoger a su presidente, en unos comicios que han recibido el rechazo de la mayor parte de la comunidad internacional al considerar que no se llevarán a cabo con las garantías suficientes de transparencia y seguridad.
“Desde hace tres años, Nicaragua se ha convertido en un estado policial, y eso significa la supresión de la libertad de reunión, movilización, libertad de prensa, expresión y también la libertad del derecho a elegir y ser elegido”, comentó el periodista nicaragüense Luis Fernando Chamorro, exiliado en Costa Rica, durante una charla organizada por el Atlantic Council, un centro de pensamiento en Washington.
Chamorro, director del periódico independiente Confidencial, que tuvo que huir tras recibir amenazas del orteguismo, denunció que “el domingo, el presidente Daniel Ortega será reelegido sin concurso electoral porque todos los candidatos de la oposición están en prisión” y el Consejo Supremo Electoral los ha declarado “ilegítimos”.
Varias encuestas revelan que el “78% de los nicaragüenses considera ilegítimas estas elecciones sin la participación de la oposición” y “el 65% votaría por un candidato de la oposición". Solo el 17% votaría por Daniel Ortega, recordó Chamorro.
Como muestra de protesta, pronostica que “la mayoría de la gente se quedará en casa” para expresar su rechazo a la celebración de elecciones presidenciales sin la participación de los partidos contrarios al oficialismo.
El día después de las elecciones en Nicaragua
Según Chamorro, el lunes después de las elecciones se verá la posición que toma la comunidad internacional al respecto.
“¿Qué pasará? ¿Cuál será la reacción de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y de Estados Unidos? ¿Reconocerán los resultados, o declararán al nuevo gobierno de Ortega como un gobierno dictatorial y no democrático?”, preguntó durante su intervención.
Pese a todo, advierte que Ortega “hará todo lo posible por mantenerse en el poder y eso incluye imponer un daño terrible al pueblo nicaragüense”.
“A menos que exista la máxima presión política y diplomática nacional e internacional, las perspectivas de cambio, lamentablemente, no son optimistas”, dijo.
En ese sentido, la exvicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint Maló (2014-2019), dijo que “hay que prepararnos para el día siguiente de las elecciones” con tal de dar una respuesta “fuerte, coordinada y específica”.
“Necesitamos una respuesta firme y comprometida, una condena inmediata de los resultados del proceso, el no reconocimiento del proceso”, manifestó, al tiempo que recordaba que si Ortega continúa en el poder, se convertirá en el presidente nicaragüense con más años al frente de la administración del país.
Inestabilidad en la región
Por su parte, la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla (2010-2014) alertó que la situación que se vive actualmente en Nicaragua no afecta únicamente al país, sino a toda la región. “Es un tema que no solo preocupa al pueblo nicaragüense, porque también tiene que ver con la inestabilidad política de Centroamérica y también tiene que ver con el futuro de la democracia en nuestro hemisferio”, comentó.
Ante eso, Saint Maló, de Panamá, opinó que los peligros de la permanencia de Daniel Ortega “van mucho más allá de Centroamérica”.
“Este es un tema hemisférico, este es un tema que la comunidad internacional en su conjunto debe tener en cuenta”, expresó.
La permanencia en el poder de Daniel Ortega provocará, a juicio de Chinchilla, “el incremento de la migración forzada, que es una de las mayores preocupaciones en este momento en Centroamérica. “Esta migración no solo llegará a Costa Rica, donde en el pasado ocho de cada 10 nicaragüenses solían venir a este país. Ahora están considerando huir a la frontera sur de Estados Unidos”, señaló.
Además, cree que la crisis sociopolítica en Nicaragua tendrá como consecuencia “una disrupción en el comercio de la región y en los planes de recuperación económica para abordar los problemas de la pandemia del coronavirus”.
Chinchilla también expresó su preocupación en tanto que el Gobierno de Daniel Ortega supone una “amenaza para nuestra seguridad regional” por el aumento de las inversiones militares.
“Ortega está invirtiendo cada vez más en material militar y eso está creando una situación de desequilibrio frente al resto de países de la región”, añadió.
Respuesta “tímida” de la OEA
En junio, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que expresaba “grave preocupación” por la situación en Nicaragua, después de que el gobierno liderado por Daniel Ortega no impulsó una reforma electoral para las elecciones presidenciales.
El texto, aprobado con 26 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones en sesión extraordinaria, se regía de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana para garantizar unos comicios “libres, justos y transparentes”.
Según Chinchilla, este organismo internacional “ha tenido una respuesta tímida, limitada y tardía a la crisis nicaragüense”.
La postura de Estados Unidos
El director para Centroamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., Patrick Ventrell, al igual que el resto de panelistas que participaron en la sesión, cree que “el régimen [de Ortega] está absolutamente decidido a mantenerse en el poder a cualquier precio”.
“Que van a aferrarse con las fuerzas militares, es acertado. Las encuestas son creíbles y el rechazo generalizado de lo que está sucediendo subraya que lo que está a punto de hacer Ortega no cuenta con el consentimiento del pueblo nicaragüense”, manifestó.
Ventrell aseguró que EE. UU., cuyo Congreso aprobó la ley Renacer para presionar a Daniel Ortega, continuará denunciando “la farsa” electoral en Nicaragua después de las elecciones, como lo ha estado haciendo en los últimos meses.
“Ya dijimos que estas elecciones no tendrán credibilidad, que son una farsa. Y continuaremos diciendo eso después”, dijo el alto funcionario estadounidense.
Pero ante un escenario de “dictadura”, Ventrell avisó que el país norteamericano “usará todas las herramientas” que estén a su disposición para “responder” junto a otros socios de la región.
“Ya hemos usado sanciones y restricciones de visa, pero también vamos a trabajar de forma multilateral. He estado en discusiones con varios socios y nos coordinaremos para aumentar la presión”, expuso.
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