![Berta Cáceres, líder indígena hondureña, asesinada en 2016. [Fotografía de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh]](https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-7a61-08dc3ca85bd1_cx0_cy2_cw82_w250_r1_s.jpg)
Hace ocho años que el pueblo Lenca en Honduras lamentaba el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, la cara visible de las protestas contra el proyecto de construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en el río Gualcarque, Honduras.
Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016. Dos años después, los que la mataron fueron condenados a entre 30 y 50 años de cárcel, y en 2022, fue condenado a 22 años de prisión, como coautor del crimen, Roberto David Castillo, un directivo de la hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, empresa a cargo del proyecto.
Pero a más de cinco años del primer fallo condenatorio, y a cerca de tres años del fallo contra Castillo, no hay resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que confirme las sentencias.
La hija de Berta Cáceres conversó con la Voz de América sobre el asesinato de su madre y el avance en materia de justicia hasta el momento.
VOA: ¿Por qué Cáceres era objeto de persecución en Honduras? ¿Quién era y qué defendía?
Zúniga: Berta Cáceres, mi madre, fue una luchadora social durante muchos años de su vida. (…) participó en los movimientos estudiantiles de la década de los 70 y 80 en Honduras, enfocados a las políticas de seguridad, las prácticas violatorias a los derechos humanos y expresiones del autoritarismo de los gobiernos de esa época. Fue una de las cofundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la organización en la que militó hasta el día de su muerte.
VOA: Háblanos sobre su trabajo en Copinh, entendiendo que los casos llevados en esta organización la hicieron blanco de ataques
Zúniga: Dentro de esta organización luchó por la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas, específicamente del pueblo lenca, que es el pueblo de nuestra zona, de donde venimos en Honduras. (…) Un punto muy importante tiene que ver con el tema territorial. Como en otros pueblos indígenas del mundo, el tema territorial siempre ha sido muy crucial, pero también algo que es muy disputado y en el Copinh se ha luchado por reiterar el derecho a la posesión del territorio que claramente pertenece al pueblo lenca.
VOA: Entiendo que ha habido varios conflictos en el tema de las tierras…
Zúniga: Sí, lamentablemente las políticas del Estado no le reconocen aún esa posesión. Además, en 2009 vivimos un golpe de Estado y gran parte de nuestros territorios fue concesionado para la explotación minera, hidroeléctrica principalmente, y otros tipos de proyectos de generación de energía. Ha habido una lucha muy importante contra más de 50 proyectos hidroeléctricos que violan el derecho a la consulta previa, libre e informada.
VOA: Berta Cárceres fue asesinada justo cuando protestaba contra el proyecto de Agua Zarca. ¿Qué relación tuvo ese proyecto con su asesinato?
Zúniga: Luego de la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en la comunidad del departamento de Intibucá, comenzó una lucha muy fuerte contra una empresa que se llama Desarrollos Energéticos quienes intentaron adueñarse del río y explotarlo.
La gente de esa comunidad y de otras comunidades aledañas se levantaron para luchar y bueno ahí estuvo acompañando Berta Cáceres, mi madre, como coordinadora general de Copinh. (…) Ella fue asesinada en el marco de la lucha en defensa del río Gualcarque, en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y también en la lucha para democratizar nuestro país, en ese momento bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández.
VOA: ¿De qué forma lideró Cáceres el movimiento contra este proyecto?
Zúniga: (…) En abril del año 2013 ocurre algo que se denomina “La toma del roble”, donde la comunidad bloquea la carretera para impedir el paso de la maquinaria (para construir la represa). Es cuando se hace sentir la presencia de cuerpos de seguridad, tanto seguridad privada como la seguridad del Estado, entre estos policías y militares que intentaron someter a la comunidad. Esa fue una expresión de violencia. En el marco de esa lucha, varios compañeros y compañeras son asesinados, entre ellos el líder de la comunidad, Tomás García.
Posteriormente comienza la vigilancia, la persecución, las amenazas y el proceso de criminalización de mi madre. En dos ocasiones fue judicializada por la empresa, una judicialización en la que alegaban la coacción, los daños continuados a la empresa y la usurpación del territorio que es nuestro territorio. La empresa asumía que la lucha por el río Gualcarque existía debido a su liderazgo, pero eso era una lucha comunitaria.
VOA: Berta es asesinada… cómo le impactó el crimen a la comunidad Río Blanco
Zúniga: Fue un crimen de alto impacto que tuvo repercusión en todas las comunidades del pueblo lenca organizadas al Copinh. Nosotros identificamos que su asesinato tenía no sólo el objetivo de detener la lucha de la comunidad Río Blanco por el río Gualcarque sino también de destruir a nuestra organización.
Entonces, su asesinato instaló el miedo por la indefensión en la que se encuentran las personas que luchan por el ejercicio de los derechos humanos en todo Honduras, no solo del pueblo lenca.
Fue un momento muy duro para el Copinh. Hoy reflexionamos que las condiciones estaban dadas para no continuar… por lo que Berta Cáceres significaba para el Copinh, pero también por el impacto emocional tan fuerte que dejó en todas las personas que no sólo eran sus compañeras y compañeros sino también eran sus amigos, su familia de lucha.
VOA: ¿Qué ocurrió con el proyecto Agua Zarca?
Zúniga: Las obras se detuvieron, sin embargo, es una concesión dada para 50 años y que se mantiene vigente.
Algunos de los bancos que financiaban el proyecto se retiraron, pero la concesión está y es producto de especulación financiera con la que se continúa haciendo negocio. La empresa sigue siendo una amenaza, sigue habiendo una amenaza para el río Gualcarque, río por el que murió mi madre.
VOA: ¿Y el Estado? ¿Qué papel ha jugado el gobierno de Xiomara Castro en esto?
Zúniga: El Estado de Honduras sigue sin reconocer la propiedad de la comunidad Río Blanco sobre sus tierras, lo que expone a que cualquier persona externa entre a la comunidad comprando tierras de manera ilegal. Sostenemos un diálogo con el gobierno, pero lamentablemente todos estos contratos que se hicieron en el pasado están prácticamente blindados.
Hemos realizado un pliego de exigencias al gobierno de Xiomara para el que se ha creado una mesa de trabajo, y en el que están abordándose el tema de la tierra y el tema de la cancelación del proyecto hidroeléctrico.
Al día de hoy, Honduras no tiene un procedimiento particular de entrega de tierras a pueblos indígenas; entonces esa es una gran limitante y nosotros tenemos que hacer procesos como si fuéramos comunidades campesinas, a través del Instituto Nacional Agrario, una entidad con una deuda agraria inmensa, y con una burocracia terrible.
VOA: ¿Consideras que con la condena de siete personas ha habido justicia en torno al asesinato de tu madre, o falta algo más?
Zúniga: Hemos tenido dos juicios que han sido muy importantes para contribuir a la verdad. Sin embargo, existe una deuda que tiene que ver con determinar la autoría intelectual de este crimen.
En 2019 hubo un juicio contra ocho personas, de las que fueron encontradas culpables siete, entre ellos militares y exmilitares que formaron parte del grupo sicarial operativo que cometió el asesinato la madrugada del 3 de marzo del año 2016. Posteriormente, logramos una también histórica sentencia en contra del presidente de la empresa David Castillo, el enlace principal con los autores intelectuales.
Estas sentencias, al día de hoy, no están firmes, quiere decir que una segunda instancia no ha ratificado la culpabilidad y eso expone a que el proceso de justicia pueda ser revertido.
También, limita el avance hacia las investigaciones y el enjuiciamiento de los autores intelectuales. En Honduras ya hay muchos antecedentes negativos de que procesos de alto impacto en segunda instancia son revertidos, sobre todo, casos de corrupción de altos funcionarios de nuestro país. Entonces para nosotros, como víctimas, es muy preocupante no haber cerrado este primer ciclo de justicia.
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