Bancamiga, considerado el sexto banco privado más importante de Venezuela, está bajo supervisión del gobierno de Nicolás Maduro luego de los arrestos de tres de sus accionistas por su presunta vinculación en una trama de corrupción del más alto nivel político.
De acuerdo con el diario Últimas Noticias, cercano al oficialismo venezolano, los principales accionistas de Bancamiga, los hermanos Daniel José y Levin Salvatore, y Carmelo De Grazia Suárez, fueron detenidos el viernes pasado por la policía científica.
El Ministerio Público venezolano prevé imputarlos por traición a la patria, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos, legitimación de capitales y asociación para delinquir, entre otros delitos, añadió el diario.
Sus detenciones sucedieron a las del ex vicepresidente de Maduro Tarek El Aissami, el ex ministro de Finanzas, Simón Zerpa y el empresario Samark López, como parte de las investigaciones desde hace más de un año sobre una trama de corrupción en los sectores petrolero y financiero del país.
Los gobiernos del chavismo, especialmente en los 14 años gestión del expresidente Hugo Chávez, entre 1999 y 2013, han intervenido y gestionado la fusión, liquidación, subasta, nacionalización o sostenimiento de más de una docena de bancos por irregularidades administrativas, decisiones políticas o falta de liquidez, recordó a la Voz de América el economista Aldo Contreras.
En el caso de Bancamiga, que hasta marzo de 2023 tenía más de un millón de cuentas abiertas, no existe una medida de ese corte. La Superintendencia de Bancos (Sudebán) afirmó que Bancamiga seguía prestando sus servicios con “absoluta normalidad” a pesar de que la justicia pidió arrestar a sus “personeros”.
Además, la institución del Estado venezolano anunció su “acompañamiento y seguimiento” de las operaciones de Bancamiga para garantizar su “normal funcionamiento” y los depósitos de sus clientes.
Bancamiga es uno de los bancos privados que “ha crecido más rápido” y que cuenta con un abanico de productos “muy interesantes” para sus clientes en Venezuela, como las transferencias internacionales, una tarjeta de débito prepagada en dólares y créditos en divisas para el 50% del valor de vehículos, explicó Contreras.
Es uno de los bancos privados que se animó a ofrecer préstamos en un mercado donde 73% de los depósitos debe reservarse al Banco Central de Venezuela y no puede consignarse en crédito por directriz gubernamental.
Hace 10 años, la banca prestó 12.000 millones de dólares a clientes personales y jurídicos, pero ahora su cartera crediticia es de $1.400 millones, de acuerdo con los reportes financieros de diciembre de 2023, según Contreras.
Los clientes de Bancamiga “estaban muy satisfechos” con los servicios de un banco que había prestado poco más de 77 millones de dólares (2.140 millones de bolívares) de acuerdo con un reporte financiero de marzo pasado, detalló Contreras.
Banca opera con “completa normalidad”
Los arrestos de tres socios directivos por su presunto involucramiento en la trama de corrupción PDVSA-Cripto abren la posibilidad de que Bancamiga sea objeto de alguna medida de Sudebán, como ocurrió este siglo con otros bancos, dijo Contreras.
El sistema financiero de Venezuela cuenta con 26 bancos, de acuerdo con el último reporte publicado por la Superintendencia de Bancos: 20 de la banca universal privada; cuatro del Estado; uno bajo régimen de leyes especiales y uno del instituto municipal de crédito.
Dos instituciones financieras se encuentran en proceso de liquidación, según estos informes oficiales: Banco Occidental de Descuento y Banco Industrial de Venezuela.
“Sudebán ratifica la completa normalidad en el funcionamiento de los bancos e instituciones financieras del país”, advirtió la dependencia estatal, este lunes.
La VOA recopiló los casos más emblemáticos de intervenciones, estatizaciones, liquidaciones, fusiones y subastas de bancos privados en Venezuela durante los gobiernos del expresidente Hugo Chávez, entre 1999 y 2013, y Maduro, desde 2013.
Decisiones bancarias en la era Chávez
El gobierno de Chávez intervino 14 bancos e instituciones financieras entre 2009 y 2011, de acuerdo con publicaciones oficiales y voceros del sector privado.
Con esas intervenciones, el gobierno pasó a controlar cerca de 30% del negocio bancario. Esas medidas coincidieron con una serie de estatizaciones de empresas ordenadas por Chávez en sectores como el petrolero y el agrícola.
En la lista de bancos intervenidos estuvieron el Confederado, Banpro, Bolívar, Canarias, Real, Central, Casa Propia y Baninvest.
En enero de 2010, la Sudebán confirmó la intervención a puertas cerradas de tres bancos de capital bajo o moderado: Mi Casa, entidad de ahorro y préstamo, que contaba con 162.000 depositantes; Inverunión (1.686 depositantes); y Banco del Sol (1.498 depositantes).
Esa medida ocurrió por “problemas administrativos y gerenciales graves” que afectaron su liquidez, argumentó la Sudebán.
Chávez amenazó varias veces en público a los bancos privados con procesos de intervención y nacionalización, entre ellos Banesco y el Provincial.
Les exigía dar créditos “al pueblo” y los llamó a acoplarse a lo que describió como “el proyecto nacional y la ley”.
“Van a terminar intervenidos. ¡Yo no me los voy a calar toda la vida!”, llegó a decir en un acto público Chávez, fallecido en 2013.
Medidas e investigaciones durante el madurismo
Más recientemente, en 2018, el gobierno de Maduro intervino por nueve meses uno de los bancos privados más grandes del país, Banesco, para investigarlo por presuntas operaciones en el mercado paralelo de divisas. La acción incluyó los arrestos de 11 directivos.
Se suspendió esa intervención para “proteger la estabilidad del sistema bancario e intereses de los ahorristas, clientes y acreedores”, dijo el entonces ministro de Finanzas Simón Zerpa, detenido hace semanas por su vinculación con la trama PDVSA-Cripto.
Si bien voceros políticos del chavismo plantearon la posibilidad de nacionalizarlo, el banco volvió a manos de sus accionistas y sigue operativo.
En octubre de 2019, la Sudebán ordenó medidas administrativas contra el Banco Occidental de Descuento (BOD) para proteger y asegurar los fondos de sus clientes, si bien aclaró que no se trataba de un régimen de intervención.
El Banco Nacional de Crédito compró en 2022 los activos y pasivos del BOD, en una operación aprobada por Sudebán y que incluyó la migración de 2,8 millones de cuentas.
Meses antes de las medidas administrativas del Estado venezolano, el BOD restringió la cantidad de dinero que sus clientes podían utilizar a diario para pagos con tarjetas y transferencias entre cuentas.
Las filiales de BOD en naciones del Caribe, como Antigua y Barbuda, Curazao, Panamá y República Dominicana, también fueron intervenidas por las autoridades de esos países por problemas de liquidez. Centenares de clientes denunciaron en Venezuela que su fondo de pensiones en dólares depositados en esas filiales desaparecieron.
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