Asociaciones, organizaciones y cámaras que agrupan a la empresa privada venezolana se pronunciaron este fin de semana en rechazo a las nuevas medidas del gobierno en disputa para regular el precio de algunos productos y expresaron su preocupación por la posibles consecuencias.
La Confederación Venezolana de Industriales, Conindustrias, calificó la medida como “arbitraria”. Advirtieron que de no desbloquearse el código que necesita Alimentos Polar, una de las empresas de alimentos más importantes del país y de las señaladas por el gobierno en disputa, para transportar su mercancía, podría traducirse en desabastecimiento.
A través de un comunicado, explicaron que la industria privada de alimentos en el país “es nuevamente objeto de una nefasta acción”. “Son una manifiesta y flagrante violación a nuestra Carta Magna, y atentan contra el libre emprendimiento y el bienestar de todos los venezolanos”, indicaron.
La “venta controlada”, como la denominó el gobierno en disputa, agregan, “no es más que un claro atentado contra la seguridad alimentaria de millones de venezolanos”.
Explican que los industriales venezolanos trabajan bajo condiciones “extremas”, y aun así, siguen buscando producir. Hicieron un llamado a todos los sectores: “Es imperativo sumar esfuerzos y ponernos todos, como siempre, del lado del país, de nuestros afiliados, de sus colaboradores, de los industriales”.
El viernes (24 de abril), la vicepresidente del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, anunció que regularán los precios de 27 productos y se establecerá una venta supervisada en tres empresas.
“Estas empresas se estaban convirtiendo en marcadores referenciales especulativos que estaban afectado a la población en general. Se están convirtiendo en marcadores distorsionadores”, indicó la funcionaria en su momento.
Este sábado (25 de abril), el vicepresidente sectorial para la Economía del gobierno en disputa, Tareck El Aissami, anunció el comienzo del Plan Nacional de Fiscalización contra la Especulación en los mercados municipales del país.
Adelantó que la lista final de precios de los productos regulados saldría este lunes (27 de abril).
Fedecámaras, la principal organización de gremios empresariales, también emitió un comunicado en el que, si bien no se refirió directamente a las acciones del gobierno en esta oportunidad, explican que la economía venezolana está “totalmente asfixiada y los venezolanos necesitan respuestas”.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, aseguraron que no se podrá avanzar “si el país vuelve a las fracasadas políticas de control, confiscación, persecución y opresión de los empresarios”.
“Hacemos un llamado a deponer medidas arbitrarias, agendas parciales y a concretas decisiones conjuntas, que diseñen un acuerdo político integral que ponga fin a este conflicto”, indicaron.
Por su parte, la Cámara de Caracas indicó que estas nuevas acciones buscan “ocultar el deterioro de la calidad de vida del venezolano y el rotundo fracaso de la gestión gubernamental”.
Aseguraron que no solo afectan a los derechos de libertad económica y la propiedad de las empresas, “también atentan contra la seguridad alimentaria y, por lo tanto, conculca los derechos fundamentales del venezolano”.
Venezuela quedó el año pasado en cuarto lugar entre los diez países con las peores crisis alimentarias, en términos de número de personas, según el ‘Informe mundial sobre las crisis alimentarias’ de 2020.
