Grecia consiguió sacar adelante el último obstáculo que impedía recibir los fondos extranjeros para salvar su deuda. La tensión ante las puertas del Parlamento griego crecía ante la inminencia de la votación que llevará al país nuevos recortes.
El gobierno del primer ministro George Papandreou, que ganó la primera votación el miércoles por 155 contra 138 votos, logró también alcanzar un consenso suficiente para que se aprobara la segunda iniciativa de ley que cubre $40.500 millones de dólares en alzas de impuestos, límites de gasto y privatizaciones.
La medida aprobada ayer permite a Grecia recibir ayudas de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetraio Internacional (FMI).
A pesar de la huelga general, el primer ministro logró obtener la mayoría de votos, con 155 a favor de la medida. El plan de cinco años le otorga a Grecia $12 millones de dólares para poder pagar las facturas actuales.
Este garantiza que la nación siga recibiendo apoyo financiero de la UE y el FMI y trata de aumentar los impuestos, recortar los gastos del gobierno y vender activos estatales.
Unas 20.000 personas se reunieron en Atenas para inicialmente realizar manifestaciones pacíficas que luego se tornaron violentas. Al menos 4.000 policías armados con pistolas de aturdimiento, gases lacrimógenos y bastones se enfrentaron a los manifestantes, quienes les lanzaron piedras y bombas incendiarias.
La huelga general paralizó el transporte público del área y los encapuchados no han parado de atacar a la policía que rodea al Parlamento. Un grupo de protestantes atacó a la sede del Ministro de Economia en Atenas, causando que se rompieran ventanas y puertas del edificio.
La medida fue considerada para rescatar a Grecia de una de las mayores crisis económicas de su historia, que tiene a miles de sus ciudadanos desempleados.
Huelgas también en Londres
Una huelga general ha parado al gremio de los profesores y funcionarios británicos, que protestan al igual que en Grecia, contra los planes de austeridad del gobierno, que en el caso de Gran Bretaña buscan reformar las pensiones del sector público.
