Los derechos sexuales y reproductivos fueron un tema de división en la Asamblea de las Organización de los Estados Americanos. Entre abucheos, aplausos y protestas, la cumbre fue un reflejo de las diferencias ideológicas que existen en el continente, al igual que las diferentes perspectivas sobre la labor que debe tener el sistema interamericano.
El principal blanco de críticas fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la cual varios países, incluidos Colombia, Argentina y Brasil, pidieron en una carta —enviada al organismo en las semanas previas a la asamblea — respetar el “legítimo espacio de autonomía del que disponen los estados”.
Detrás de esta declaración, según organizaciones defensoras de derechos humanos como Human Rights Watch, está un intento por “limitar el papel que desempeña la Comisión en defensa de los derechos reproductivos de la mujer”, según escribió el director de HRW para las Américas en una carta al gobierno colombiano.
En la asamblea, durante las intervenciones de organizaciones de sociedad civil, quienes abrieron el primer día de sesiones, se sintió la polarización con respecto al aborto y los derechos de la comunidad LGTB.
La CIDH ha instado a los países latinoamericanos en varias ocasiones a descriminalizar la interrupción voluntaria del embarazo. La más reciente el año pasado, como respuesta al caso de Teodora del Carmen Vásquez, quien fue condenada a 30 años de prisión en El Salvador tras sufrir un aborto espontáneo.
“Se está armando un gobierno por encima de los gobiernos”, dijo a la Voz de América Hugo Márquez, pastor y coordinador de la coalición de onegés argentinas Congreso Iberoamericano para la Familia y la Vida.
Márquez forma parte de la decena de organizaciones antiaborto que acudieron a la OEA. “Vine a defender algunos derechos que los organismos internacionales están pisoteando, como es el derecho a la vida”, explicó el activista argentino.
En Latinoamérica, solamente Uruguay, Cuba, Guayana, Guayana Francesa y Puerto Rico permiten el aborto legal sin condiciones dentro del las primeras semanas del embarazo.
Para Larissa Arroyo, abogada y directora de la asociación ciudadana ACCEDER de Costa Rica, en Latinoamérica existe una “resistencia a aceptar a las mujeres como sujetas de derechos”.
Los derechos sexuales y reproductivos, según Arroyo, quien está basada en Costa Rica “se convierten en moneda de cambio” en el continente. “El aborto ocurre en todos los países, la diferencia está en si garantizamos ese acceso por parte de los servicios públicos de salud o no”, añadió.
La convención interamericana
Con la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 1969, los países firmaron su adhesión a los derechos expresados en el documento y a las interpretaciones que el comité jurídico —la corte y la comisión—haga de ella.
“No hablamos de derecho internacional y de derecho nacional sino estamos hablando de un solo bloque de derecho”, dijo Arroyo.
La corte escucha los casos que la sociedad civil le presente alegando que uno de los Estados parte haya violado los derechos establecidos por la convención. Sin embargo, solo se pueden llevar ante ella los casos que hayan agotado todos los recursos disponibles.
Por otro lado, como explicó la presidenta de la Comisión Interamericana de la Mujer de la OEA, “la OEA respeta las decisiones de cada estado y está para encaminar a los países y reencausarlos en base a democracia, igualdad y justicia social”.
“La OEA no impone, lo que manda es recomendaciones que son consecuentes con lo que piensan las mujeres en los estados”, resaltó Janetta Camilo.
