Un juez aceptó este martes la apelación presentada por el grupo Clarín en Argentina contra un fallo de hace cuatro días que lo obligaba a acatar la denominada Ley de Medios, y mantiene vivo el litigio que desde hace años enfrenta al mayor conglomerado de prensa del país con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández.
El pasado 7 de diciembre era el plazo definitivo concedido por el gobierno para hacer cumplir la legislación, lo que implicaba que Clarín debía deshacerse de propiedades, licencias y transferir parte de sus negocios audiovisuales a otras empresas.
Pero un tribunal determinó que la ley no podía aplicarse hasta que no existiese un dictamen definitivo sobre su constitucionalidad, y en virtud de ello Clarín disponía de un año para acatar las disposiciones. Esa medida cautelar fue levantada el viernes pasado por otro letrado.
La apelación concedida este martes concierne a la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la legislación, lo que ahora queda a consideración de la sala I de la Cámara, integrada por tres magistrados.
La Ley de Medios establece para los grupos de comunicación privados un tope de inversión del 35 por ciento del mercado en televisión abierta y 35 por ciento de abonados en televisión de cable, diez licencias de radio, 24 de televisión por cable y una por satélite.
Clarín alega que la legislación es inconstitucional y que forma parte de la campaña gubernamental contra la libertad de expresión porque sus intenciones son las de desvertebrar al grupo, cuyos medios de prensa han sido muy críticos de las políticas seguidas por la presidenta.
El pasado 7 de diciembre era el plazo definitivo concedido por el gobierno para hacer cumplir la legislación, lo que implicaba que Clarín debía deshacerse de propiedades, licencias y transferir parte de sus negocios audiovisuales a otras empresas.
Pero un tribunal determinó que la ley no podía aplicarse hasta que no existiese un dictamen definitivo sobre su constitucionalidad, y en virtud de ello Clarín disponía de un año para acatar las disposiciones. Esa medida cautelar fue levantada el viernes pasado por otro letrado.
La apelación concedida este martes concierne a la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la legislación, lo que ahora queda a consideración de la sala I de la Cámara, integrada por tres magistrados.
La Ley de Medios establece para los grupos de comunicación privados un tope de inversión del 35 por ciento del mercado en televisión abierta y 35 por ciento de abonados en televisión de cable, diez licencias de radio, 24 de televisión por cable y una por satélite.
Clarín alega que la legislación es inconstitucional y que forma parte de la campaña gubernamental contra la libertad de expresión porque sus intenciones son las de desvertebrar al grupo, cuyos medios de prensa han sido muy críticos de las políticas seguidas por la presidenta.
